Gral. PNP-® Enrique Yépez Dávalos
A. Situación-problema
La Policía Nacional del Perú (PNP), como es de conocimiento público, viene trabajando esforzadamente para contener el accionar delictivo, que se ha incrementado a partir del mes de junio no obstante los continuos operativos en Lima y a nivel nacional para evitar que los infractores “retomen la calle”.
Todos los días la delincuencia hace noticia mediante arrebatos, raqueteos, robo de celulares y de autopartes, robo de vehículos, asaltos a domicilios y centros comerciales, homicidios, feminicidios, violación sexual, trata de personas, extorsiones, tráfico de drogas, y nuevas modalidades como delitos informáticos, falsificación de pruebas, adulteración de medicinas y tanques oxigeno; y, sobre todo, el acoso de la delincuencia motorizada en autos, motos y moto taxis, que está causando mucho temor en la población, porque si la víctima se resiste, no dudan en hacer uso de sus armas de fuego con consecuencias fatales.
De igual forma, como ha crecido notoriamente el número de desocupados por la prohibición del comercio ambulatorio y de los trabajos informales de mano de obra en las calles, es probable que de ese amplio sector social muchos estén derivando sus expectativas económicas a actividades ilícitas, particularmente al hurto y al robo agravado.
Sin embargo, este esfuerzo policial y de los servicios de serenazgo para reducir la delincuencia social o “de la calle”, no estaría teniendo su debida correspondencia en el ámbito del Ministerio Público y del Poder Judicial, porque por información abierta se conoce que varios Fiscales estarían liberando a delincuentes de “poca monta” aduciendo estar infectados con el Covid-19; otros, por la falta de capacidad de los Centros Juveniles para albergar a jóvenes infractores, o en todo caso, porque los jueces al aplicar el Código Penal les imponen a los responsables de hechos graves una pena benigna de “prestación de servicios comunitarios”, considerando el hecho solo como falta, no obstante las pruebas presentadas por la policía para tipificarlo como delito, encontrando los delincuentes el estímulo necesario para seguir delinquiendo.
Esta situación indigna a los vecinos de los barrios y distritos donde actúan, porque al día siguiente, cual “puerta giratoria”, los ven de nuevo en “su calle”, gozando de libertad y cometiendo actos ilícitos en la misma esquina o sector donde suelen “trabajar”. Yo creo que propiciar la impunidad es el mejor aliciente para que el delincuente primario haga de las suyas, continúe por la senda del delito y se acreciente el sentimiento de inseguridad en la población. La sanción para el delincuente común es un problema latente que hay que solucionarlo prontamente, mediante un diálogo entre las más altas autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
Al respecto, el 07 de enero del 2017, se aprobó con D.L Nro. 1348 el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, para ser aplicada a jóvenes entre 14 y 18 años que cometan delitos dolosos y puedan ser internados en Centros Juveniles hasta por 10 años, poniendo énfasis en los menores que cometen delito de sicariato y violación sexual seguido de muerte, que pueden recibir el máximo de la sanción -10 años-. Sin embargo, de acuerdo al Código, la privación de la libertad de los menores debe ser una medida excepcional y aplicada como último recurso. El principal objetivo radica en la prevención y en la resocialización a través de políticas socioeducativas para la reorientación de los adolescentes autores de delitos graves.
En este contexto, para controlar los delitos cometidos por delincuentes primarios y menores de edad, a mi criterio, es necesario impulsar tres tipos de medidas:
• Sancionar con rigor a delincuentes avezados y prontuariados internándolos en cárceles temporales hasta por diez años.
• Para delincuentes ocasionales la justicia debe ser rehabilitadora, en cárceles temporales con posibilidades de reinserción; y,
• La sanción debe ser reparadora y no carcelaria para menores autores de delitos comunes, con penas alternativas, como la “prestación de servicios comunitarios” (arreglo de pistas, veredas, pintado de dependencias públicas, etc.).
B. Propuestas
1. El Ministro del Interior debe propiciar una reunión técnica y de asesoramiento con representantes del Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público y el INPE, para reducir el hacinamiento en los Centros Juveniles a nivel nacional, a través de convenios con los sectores público y privado que permita remodelar y acondicionar los actuales locales o construir nuevos con mejor infraestructura, con áreas destinadas al deporte, recreación, arte y formación laboral. Por lo pronto, como primera medida sería conveniente habilitar el Penal de San Jorge, o mejor aún, acondicionar el Cuartel San Martín de 68,400 m2 ubicado en la Avenida del Ejército-Miraflores, para la reclusión de delincuentes primarios y menores de edad reincidentes, y hacer lo propio en las Regiones Políticas del interior del país, de acuerdo a la cantidad de internos que tengan cada una de ellas.
2. Conceder la administración de los Centros Juveniles al Sector Privado, para desarrollar nuevos modelos para el tratamiento de los adolescentes infractores, basados en la formación de valores que permita afrontar de manera integrada la problemática del adolescente, insertándolos en programas de salud, trabajo y de educación. En este entendido, considero la necesidad de que estas instituciones juveniles sean administradas y dirigidas por el sector privado especializado en este tipo de gestión por un periodo de tres años para evaluar sus resultados. Considerando que muchos de los jóvenes que hoy se encuentran en los Centros Juveniles no han concluido sus estudios o provienen de familias disfuncionales, creo fundamental que podrán acceder a mejores oportunidades y servicios básicos desde la administración privada, que en otros países ha tenido buenos resultados.
3. Medidas preventivas y de reinserción con apoyo de instituciones privadas, para mejorar la calidad de vida de los jóvenes y adolescentes en riesgo, como:
a. “Justicia Juvenil Restaurativa” Es un programa social que se inició el año 2005 en el Distrito de El Agustino a cargo del Ministerio Público con el apoyo de la Fundación Tierra de Hombres y la Policía Nacional, con el objeto de reparar los daños causados por un acto doloso, en lugar de sancionar penalmente al delincuente. Busca que el ofensor se haga responsable de las consecuencias de su acto, procurando que en el encuentro con la víctima haya una reconciliación basada en la restitución del daño y el perdón; y busca también que se restituya el vínculo social, procurando la reintegración del infractor en la comunidad, fortaleciendo así el sentimiento de seguridad quebrantado.
b. “Patronato Barrio Seguro” es una organización no lucrativa con personería jurídica, constituida el 20 de noviembre de 2019, auspiciada por la Cámara de Comercio de Lima y otras empresas privadas. El propósito del Patronato es contribuir a la prevención de la inseguridad y violencia a través del otorgamiento de becas de estudios para jóvenes entre 16 y 20 años de edad de los distritos de Lima y Callao. Estos jóvenes tendrán la oportunidad de estudiar carreras técnicas de 3 años en el Instituto de Administración y Negocios (ICAM) de la CCL, el Instituto de Emprendedores de la Universidad San Ignacio de Loyola, Cibertec y el Senati. Culminados sus estudios el joven becado podrá acceder a una plaza laboral. El Patronato, por el trabajo realizado desde su fundación, se ha hecho merecedor este año a un premio otorgado por el “Community Service Award” de la Fundación ASIS Internacional
c. Instalar “maqui centros”. Este programa debe contar con la participación de la empresa privada y tendría por objeto la capacitación de jóvenes y adolescentes pobres en labores de mando medio (carpintería, metal mecánica, panadería, cocina, etc.), debiendo de existir como mínimo dos maquicentros por cada una de las mancomunidades de Lima Metropolitana, suscribiendo para el efecto convenios entre los municipios, la empresa privada, e instituciones técnicas como el SENATI y TECSUP para la adquisición de maquinarias y para contar con el apoyo de profesores especializados. Esta propuesta debe estar alineada con el programa de generación de nuevos empleos del Ministerio de Trabajo.
d. Impulsar los programas preventivos, educativos y de reinserción de la Policía Nacional, que tuvieron mucha aceptación en la comunidad antes del Covid-19, siendo necesario en la actualidad buscar los mecanismos apropiados para su capacitación y orientación a distancia. Los principales son: “Colibrí”, para niñas, niños y adolescentes que trabajan en la calle y son explotados por sus padres; “Gaviota”, para menores que viven en la calle, consumen sustancias tóxicas y ejecutan actos de rapiña (“pirañas”).-“Patrullas Juveniles”, para jóvenes integrantes de pandillas barriales.-“Autoprotección Escolar” (BAPES),para otorgar seguridad y vigilancia a los escolares alrededor de los CC.EE.-“Policía Escolar” para que los escolares interioricen valores cívicos.-“Clubes Amigos del Policía” para aproximar a la niñez y juventud a la Policía.-“Casas de la Juventud” para capacitar a jóvenes en tareas de mando medio.
e. Fortalecer acciones y operativos de protección y seguridad en las calles y espacios públicos.
Considerando el alto índice de delitos que se cometen en la vía pública mediante motocicletas lineales y moto taxis, es necesario ejecutar acciones multisectoriales para reducir su incidencia, en base a los lineamientos operativos del “Plan Fortaleza-2020”, con la participación de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), Policía Nacional, Municipalidad Provinciales de Lima y el Callao, y Municipalidades Distritales, para:
• Prohibir el tránsito de motocicletas lineales con dos personas a bordo.
• Cambiar las dimensiones de las placas de rodaje de vehículos menores para que usen placas similares a los vehículos mayores tanto en la parte posterior como delantera, para que sean más legibles al momento de su ubicación
• Implementar el programa “Alerta Roja” por la Policía Nacional, mediante convenio con las empresas de celulares, para que, una vez producido un hecho delictivo, el 105 se comunique en tiempo real con sus respectivas operadoras y estos a su vez se contacten con sus suscriptores trasmitiendo características principales de los autores, para su pronta ubicación y captura. Este programa debería llevarse a cabo en forma simultánea a la ejecución del “Plan Cerco”.
• Poner en práctica el programa “Tolerancia Cero”. Para ello es necesario formular una Guía de Procedimientos con las sanciones que se deben imponer, como la detención del vehículo hasta por 24 horas en caso de inconductas ciudadanas.
• Empadronar a los vehículos particulares que brindan servicios a través de aplicativos, exigiendo la centralización de sus antecedentes en una oficina física para aspectos de supervisión y control.
• Organizar a todos los taxistas informales en cooperativas o empresas para que cumplan en forma corporativa con los requerimientos de la policía o de las demás autoridades de tránsito.
• Mejorar la tecnología para el tránsito en la ciudad y carreteras, mediante un sistema de cámaras y pantallas para el control del tránsito, en coordinación con la ATU, las que se deben enlazar con el sistema de semáforos a un Centro de Control como el 105
Finalmente, yo creo que la nueva visión política del Estado con motivo de la pandemia- COVID-19, logrará en poco tiempo revertir esta cruda realidad. No podemos ni debemos permitir la “puerta giratoria” para delincuentes comunes. Todo lo contrario, los esfuerzos de la Policía Nacional, Municipios y comunidad organizada para tener calles y barrios más seguros, debe ser ampliamente reconocido y garantizado por el Gobierno y por las autoridades judiciales encargadas de su juzgamiento.
