Carlo Augusto Pérez Pérez
Comunicador Social y Educador
Hoy, tras la traición del presidente Vizcarra, quien en agosto del 2018 anunciara para los aplausos del grueso magisterial, la anhelada aspiración de la intervención de la Derrama Magisterial, por fin, la Comisión de Educación del Congreso de la República se ha dignado en poner el controvertido y espinoso tema en la agenda pública nacional.
Esto, en atención a la demanda de los miles de maestros del Perú, que se han cansado de sostener económicamente a un ente previsional que, en la práctica no es tal, no los beneficia para nada.
Por cuanto esta entidad, solo sirve a un grupo de amigos del seudo partido de izquierda Patria Roja y sus aliados del Comité Ejecutivo Nacional-CEN SUTEP, quienes gozan de millonarios sueldos y prebendas, mientras los pobres maestros de las bases regionales y del Perú profundo están pasando la peor crisis de su historia con penurias de hambre, miseria y muerte a causa del Covid-19, sin que dicha organización no se compadece en absoluto.
Me permito en estas líneas, un recuento histórico al respecto, porque la historia se repite una vez más. En el 2018, un mayoritario sector del magisterio peruano reinicia una huelga, suspendida un año antes, tal como ocurrió en 1979, es decir 41 años después por la misma razón, con el incumplimiento de acuerdos suscritos un año antes también entre la dirigencia gremial y el gobierno de turno. Pero en esta oportunidad con algunas diferencias de fondo, el SUTEP todavía mantenía su unidad monolítica pues las bases magisteriales aún creían en la dirigencia oficial, aún no reconocida por el Estado, liderada por militantes del partido Patria Roja que la tomaron desde su fundación en julio de 1972.
Pero la mayor diferencia y, a su vez la mayor contradicción, está en el hecho de que este magisterio, ya no se enfrentó sólo a la arremetida del Gobierno como es habitual, sino también a aquella dirigencia enquistada en la cúpula por décadas y que, por su sinuoso trajinar, ha ido perdiendo paulatinamente la legitimidad frente a las bases del país.
Esta oposición no es solamente de forma sino de fondo, porque ahora el gobierno ya no necesita estigmatizar a los que luchan por sus derechos como violentistas y extremistas, sino que tiene a esa anquilosada y corrupta dirigencia como la encargada de membretar a esta nueva hornada de maestros como terroristas vinculados al Movadef o a Sendero Luminoso para lo cual no dudan en pagar millonarias sumas a los medios de la concentración para enfilar una campaña de desprestigio contra el magisterio responsable que pide cuentas de su organización secuestrada por años por una cúpula dirigencial.
Tal el caso del tristemente célebre diario de la concentración Perú 21, en su edición del 05 de agosto 2020, saca una nota difamatoria tras ser aceptado el dirigente de las bases regionales Pedro Castillo, para su presentación ante la Comisión de Educación del Congreso: “Congresistas y Sendero Luminoso se unen para asaltar la Derrama”. Es decir, como pocas veces en la historia del mundo, los sindicalistas marginados y ninguneados tienen como felipillos a quienes dicen representarlos.
Pero, ¿por qué esa conducta abiertamente criminal y traidora de aquellos que, confundiendo al sindicato con el partido para vivir y sostenerse de él, han llegado al extremo de alinearse con el gobierno de turno con una inconsecuencia insostenible? La respuesta está también en la historia del propio sindicato. Cuando en 1973, el gobierno del general Juan Velasco Alvarado creó la cooperativa magisterial, ésta se convirtió en menos de dos años en un ente económico de enorme poder que, con el transcurso del tiempo, pudo haber mejorado sustancialmente la situación económica del maestro.
Esa posibilidad que se abría para el maestro, hizo discernir a aquellos “combativos y clasistas” dirigentes que, por ese camino, los agremiados solucionarían sus problemas económicos llevándolos a aburguesarse y a perder su “espíritu de lucha”. En consecuencia, era necesario que sigan siendo pobres y marginados para que el sindicato y ellos tengan razones para subsistir. Con este razonamiento, planearon y ejecutaron la destrucción de la cooperativa en 1976.
Paralelamente, en toda ocasión estigmatizaron la existencia de organismos como la Mutualista Magisterial, el Sesdis, la Derrama, etc. a las que calificaban como entes asistencialistas hechos por el Estado para evadir sus responsabilidades frente al magisterio. Poco después, sin rubor ni pudor, tomaron por asalto la Derrama Magisterial y ahora viven de ella, como revolucionarios burgueses que renegaron de su prédica original. Perder ese poder que ahora ostentan ante la arremetida de una corriente de jóvenes maestros con más dignidad y honestidad, les causa pavor y no vacilan en traicionar a quienes deberían defender. Su accionar desnuda de cuerpo completo la más grande infamia que pueda soportar un gremio sindical.
En buena cuenta, aquellos que justificaron la apropiación de los bienes y enseres de la cooperativa como “robo clasista”, aquellos que se embriagaron con el poder sindical implementando el método del centralismo democrático que rige para los partidos y no la democracia sindical con la que operan los sindicatos, para adueñarse indefinidamente de ese poder, ahora están ante la sociedad y la historia moralmente descalificados para para hablar en nombre de ese magisterio, sufrido y digno, que una vez más se levanta para reclamar lo que la Derrama Magisterial, la sociedad y Estado le debe.
Por toda esta presunta mala utilización de recursos y manejo nada transparente, el magisterio está demandando, la intervención, liquidación y devolución del 100% de los aportes a la Derrama Magisterial. Y que por fin, el Congreso de la República, a través de la Comisión de Educación, está tomando en cuenta este controvertido y espinoso tema, y poniéndolo en la agenda nacional.
