El ministro de Justicia es investigado por el presunto delito de tráfico de influencias, alternativamente con el delito de cohecho activo específico.
El Poder Judicial ha autorizado el levantamiento del secreto de las comunicaciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, en el una investigación preliminar que lo vincula con el caso «Los Cuellos Blancos del Puerto».
El juez supremo Juan Carlos Checkley adoptó esta medida al declarar fundado el requerimiento que hizo la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos.
El magistrado dispuso que las empresas de telecomunicaciones informen al despacho fiscal la relación de líneas telefónicas que registra o registró Eduardo Arana, así como el detalle del tráfico de llamadas (entrantes y salientes), mensajes de texto y de voz, y los números vinculados respeto del periodo comprendido entre el 8 y 9 de abril del 2018.
También se dispuso que las empresas de telecomunicaciones remitan el registro histórico de llamadas, mensajes de texto y de voz entrantes y salientes respecto al número de un teléfono celular utilizado por el investigado en el periodo mencionado.
Alcance de la medida judicial
La autorización del levantamiento del secreto de las comunicaciones permitirá conocer detalles sobre las personas con las que Eduardo Arana sostuvo comunicación en la fecha investigada. La Fiscalía busca verificar si existen vínculos con otros implicados en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, especialmente con Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, quien cumple una condena de 12 años de prisión tras acogerse a la colaboración eficaz.
El Ministerio Público sostiene que estos registros permitirán establecer posibles contactos clave dentro de la presunta red de corrupción y comprobar si Arana mantuvo alguna comunicación relevante con personajes involucrados en el caso.
Se opone a la medida
El ministro Eduardo Arana rechazó la solicitud fiscal mediante un escrito presentado el 8 de noviembre de 2024. En su defensa, argumentó que la medida no responde a “actos urgentes e inaplazables” que permitan determinar la existencia de un delito. Asimismo, cuestionó que la Fiscalía no haya identificado a personas específicas que presuntamente hayan cometido ilícitos.
A pesar de su oposición, el Poder Judicial desestimó estos argumentos y consideró que la información solicitada es relevante para el proceso de investigación, lo que llevó a la aprobación del requerimiento del Ministerio Público.
Antecedentes de la investigación
El caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” es una de las investigaciones más complejas sobre corrupción en el sistema judicial peruano. El Ministerio Público inició las pesquisas tras la difusión de audios en los que altos funcionarios del Poder Judicial y del Consejo Nacional de la Magistratura coordinaban presuntos favores judiciales a cambio de beneficios personales.
En este contexto, Eduardo Arana es investigado tras la revelación de un reporte periodístico que expuso una conversación telefónica con Walter Ríos en 2018. Según la Fiscalía, este diálogo podría estar relacionado con la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado.
La Fiscalía continúa reuniendo pruebas y tomando declaraciones para esclarecer el nivel de participación de cada investigado en esta presunta organización criminal. Con el levantamiento del secreto de las comunicaciones, se espera obtener información que permita avanzar en la determinación de responsabilidades en el caso.
