La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, rechazó el atentado de una sede del Ministerio Público en la ciudad de Trujillo, el cual –dijo—significa un atentado contra las instituciones titulares del Estado, hecho que no se debe permitir.
De esta manera, la máxima autoridad judicial se sumó a las muestras de rechazo que realizan distintas autoridades como el premier, Gustavo Adrianzén Olaya, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa, entre otras autoridades.
Tello Gilardi dirigió la Primera Reunión de Titulares de la Comisión Nacional de Implementación de las Unidades de Flagrancia, acto realizado en Palacio Nacional de Justicia. (Ver, adjunto, documento: Estado Situacional de las Unidades Flagrancia)
“Como representante del Poder Judicial me sumo al rechazo al atentado de la sede del Ministerio Público en Trujillo, porque no podemos permitir la afectación de personas ni de instituciones del Estado”, señaló.
En esa línea, hizo un llamado de atención para restablecer de manera inmediata las normas legales que permitan potenciar el sistema de justicia, especialmente en el ámbito penal, a fin de que ningún hecho quede impune.
Ante la invitación del premier, la máxima autoridad judicial viajó a la ciudad de Trujillo donde ocurrió el execrable ataque a una sede institucional del Ministerio Público.
Repotenciación y rediseño
La magistrada brindó estas declaraciones tras concluir la mesa de trabajo en la que participaron las instituciones que integran la Comisión Interinstitucional de Implementación de las Unidades de Flagrancia.
Tello Gilardi expresó, también, su beneplácito ante el anuncio del premier Adrianzén para otorgar un mayor presupuesto que permita la repotenciación y rediseño de las unidades de flagrancia a nivel nacional.
Cabe señalar que el Ejecutivo ha destinado para el presente año recursos presupuestales por el monto de S/ 73,341,837 bajo el concepto de “Resolver con celeridad casos en flagrancia en distritos con alta incidencia”.
Soluciones inmediatas
La jueza suprema informó que esta mesa de reunión tiene como objetivo identificar las dificultades que han impedido que las unidades de flagrancia respondan como la ciudadanía espera.
“Aquí estamos todos comprometidos para buscar soluciones inmediatas, estas reuniones continuarán y no vamos a parar porque necesitamos los marcos jurídico y normativo que permitan actuar de manera conjunta todas las instituciones”, subrayó
Durante la mesa de trabajo, el premier Adrianzén destacó el trabajo que realiza el Poder Judicial en la implementación de las unidades de flagrancia, que hasta el momento suman 26.
A su turno, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos anunció que todas estas unidades de flagrancia que han sido implementadas cuentan con un abogado de la defensa pública.
Dijo, además, que el Congreso no solo debe formular las leyes (sobre criminalidad) sino coordinar con las instituciones involucradas la posibilidad de su ejecución.
Finalmente, el representante del Ministerio Público expresó su compromiso de apoyar en la repotenciación y rediseño de las unidades de flagrancia, las cuales tienen como objetivo combatir el crimen de manera eficiente al resolver delitos comunes hasta en un plazo máximo de 72 horas.
