En los últimos 27 años, Perú sufrió 1,462 derrames de petróleo, el último ocurrido en Lobitos, Piura
Tres años después del desastre ecológico que tiñó de negro el litoral peruano, la justicia para las comunidades y el ecosistema afectados por el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla, en el Callao, sigue siendo una deuda pendiente.
El 15 de enero de 2022, oleajes anómalos provocaron el vertido de miles de barriles de crudo desde la Refinería La Pampilla, desencadenando uno de los mayores desastres ambientales en la costa del Perú. A pesar del tiempo transcurrido, el Estado peruano aún no concreta acciones fundamentales como la aprobación de planes de rehabilitación, el establecimiento claro de responsabilidades y la garantía de medidas inmediatas para alcanzar una verdadera justicia ambiental.
Indemnización
Esta demora de las autoridades se evidencia en los procesos inconclusos que entidades como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) aún mantienen. Y, al mismo tiempo, en el gran número de personas que espera ser incluida en el proceso de indemnización por haber sido afectada por el derrame de petróleo.
Isabel Calle, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), aseguró que el retraso en estos procesos imposibilita la ejecución de sanciones y de medidas correctivas: “Después de 3 años del derrame en Ventanilla, resulta preocupante la demora del Estado en atender a las personas afectadas y a los espacios dañados”.
“Es urgente resolver los procedimientos administrativos sancionadores y aprobar los planes de rehabilitación. El no hacerlo puede agravar la situación en la que se encuentran las áreas afectadas”, precisó.
Responsabilidad
Demora en los procedimientos
Tras el derrame de petróleo de Repsol ocurrido en enero del 2022, OEFA abrió 18 procedimientos administrativos sancionadores (PAS) contra dicha empresa, para determinar su responsabilidad en la información falsa que brindó sobre el volumen del derrame, el área afectada, y por incumplir con la limpieza de playas y patrullajes. Sin embargo, a la fecha, solo en 5 procesos se determinó la responsabilidad, de acuerdo a lo reportado por el OEFA a la SPDA al 19 de diciembre de 2024.
Asimismo, a la fecha, Serfor no ha reiniciado el PAS contra Repsol por la infracción de actuar con crueldad contra 198 especímenes que no murieron tras el derrame en el mar peruano.
Además, Sernanp inició 2 procedimientos contra Repsol por la afectación de dos áreas naturales protegidas: la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, y Zona Reservada de Ancón. En ambos casos, los plazos de resolución superaron los 2 años.
Por su parte, el Minem excedió el plazo que tenía inicialmente para aprobar los planes de rehabilitación que presentó Repsol. De acuerdo a la normativa, el Minem tenía solo 30 días hábiles para la evaluación de estos planes, que fueron presentados hasta marzo de 2024. Cabe indicar que los planes de rehabilitación son instrumentos que contienen acciones para recuperar el área afectada.
Más de 1400 derrames en Perú
Lo ocurrido el 15 de enero del 2022 evidencia la importancia de que se puedan implementar medidas urgentes y oportunas para la atención de las emergencias ambientales, que aseguren justicia y reparación para las comunidades afectadas y para el ambiente.
Los derrames de petróleo no son hechos aislados en Perú, sino situaciones que surgen frecuentemente. Desde 1997 a 2024, se han registrado 1,462 derrames de hidrocarburos en Perú. Precisamente, el último 21 de diciembre se registró una nueva emergencia ambiental: el derrame en Lobitos (Piura).
