EXIGE AL MINISTRO JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ SUS CLAVES Y CONTRASEÑAS COMO PARTE DE UNA SUPUESTA INVESTIGACIÓN
Medida es en represalia porque titular del Mininter cuestionó
deficiente accionar de los organismos de justicia ante la delincuencia
Continúa la guerra entre el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo. La Fiscalía ha emitido un requerimiento al ministro del Interior, Juan
José Santiváñez, para que proporcione, en un plazo máximo de 48 horas, su cuenta de iCloud y contraseña. La medida busca realizar un respaldo de la información almacenada en la nube, luego de que el funcionario entregara un celular reseteado y sin chip como parte de una investigación en su contra.
Según el documento emitido por la Fiscalía, el dispositivo entregado no contiene datos relevantes, lo que motivó la solicitud de acceso a la cuenta de iCloud. “(…) que no hay ninguna información en el equipo, manifestando además que se proporcione la cuenta iCloud y la contraseña para poder hacer un respaldo de la información que contiene en la nube y, de ser el caso, poder extraer la información”, detalla e requerimiento.
El objetivo de esta acción es recuperar posibles datos relevantes almacenados en la nube que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados. La Fiscalía busca garantizar la transparencia en el proceso y acceder a potenciales pruebas digitales relacionadas con la investigación.
Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre la naturaleza de los hechos investigados, ni se ha confirmado si el ministro del Interior cumplirá con el requerimiento dentro del plazo establecido.
CONTINÚA
POLÉMICO JUEZ
De otro lado, el Poder Judicial ordenó que el juez supremo Juan Carlos Checkley continúe a cargo de la investigación contra el ministro del Interior, Juan José Santivañez, por presunto abuso de autoridad al pedir al capitán PNP Junior Izquierdo que haga un reglaje al periodista Carlos Sifuentes del medio La Encerrona.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundada la inhibición formulada por el magistrado, quien solicitó retirarse del caso al notar que el titular del Mininter y él tienen el mismo abogado en sus respectivas investigaciones. Con ello, buscó resguardar el derecho que tiene toda persona a ser juzgada por un juez imparcial.
CRÍTICAS AL
SISTEMA JUDICIAL
Esta situación se originó luego que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, realizó una serie de declaraciones acerca de la seguridad ciudadana en el Perú y el manejo de los efectivos policiales en situaciones de inseguridad y justicia. Entre sus intervenciones, destacó la importancia de las recientes normas aprobadas por el Congreso para evitar que policías sean injustamente procesados con prisión preventiva. Estas medidas, según el ministro, permitirán una actuación más eficiente en el combate contra la delincuencia.
En cuanto al déficit de personal policial, el ministro detalló que se han diseñado medidas como la asimilación de mil choferes licenciados de las Fuerzas Armadas y la implementación del Plan Celador.
Este último busca contar con más de 8000 policías adicionales en las calles mediante la adquisición de sus días de franco. Estas acciones buscan cerrar la brecha de más de 60 000 efectivos necesarios para atender la creciente inseguridad ciudadana. Santiváñez expresó su indignación por casos en los que delincuentes capturados son liberados debido a decisiones de fiscales o jueces. Según el ministro, esta situación afecta los esfuerzos policiales y daña la confianza ciudadana en el sistema de justicia. Subrayó que dichas decisiones responden a falta de conocimiento o posibles actos de corrupción, y enfatizó la necesidad de un compromiso más firme de todas las instituciones para combatir la inseguridad en el país.
Nicanor Boluarte sin orden de captura
Un golpe para el juez Richard Concepción Carhuancho. El Poder Judicial declaró improcedente el mandato de 36 meses de prisión preventiva impuesto a Nicanor Boluarte y los demás investigados en el marco del caso ‘Los waykis en la sombra’.
Así lo dispuso la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, que declaró fundadas las apelaciones presentadas por las defensas de los investigados Nicanor Boluarte, Jorge Ortiz Marreros, Zenovia Herrera Vásquez, Jorge Chingay Salazar y Noriel Chingay Salazar.
En la resolución, la sala dispone revocar las resoluciones emitidas por el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Richard Concepción Carhuancho, quien dictó las prisiones preventivas contra estos procesados en noviembre de 2024. Asimismo, el colegiado reformó las resoluciones e impuso mandato de comparecencia simple para todos los investigados, por lo que quedaron sin efecto los oficios cursados para sus capturas. La decisión fue adoptada en mayoría por los magistrados de la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional, mientras que la jueza superior María Felices Mendoza emitió un voto en discordia y concluyó que se anulen las resoluciones por las que se impusieron las prisiones preventivas y que un nuevo juez emita un nuevo pronunciamiento.
