Detención preliminar y sanciones judiciales: fortaleciendo la justicia

Por: Luis Ernesto Flores Reátegui, abogado constitucionalista

El restablecimiento de la detención preliminar en casos de no flagrancia, aprobado por el Congreso mediante el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 9733, constituye un importante y urgente paso en la lucha contra la criminalidad y la corrupción que asedian al país. Es increíble como se pretendía eliminar esta herramienta judicial, contemplada en la Ley 32181, que iba a debilitar las capacidades del sistema de justicia, permitiendo la liberación de investigados por delitos graves como en el caso de la organización criminal ‘Las Hienas Verdes’. La norma restituida permite a un juez ordenar detenciones preliminares, bajo requerimiento fiscal, en casos donde existan elementos razonables que vinculen a una persona con un delito sancionado con penas superiores a cuatro años. Esta facultad no solo fortalece la capacidad de respuesta ante el riesgo de fuga o interferencia en investigaciones, sino que también cierra brechas aprovechadas por organizaciones criminales para operar con impunidad. Complementando esta reforma, la Ley 32182 sanciona a jueces y fiscales que liberen injustificadamente a personas detenidas en flagrancia, cerrando otro flanco de debilidad en el sistema. Esta dupla legislativa es un mensaje claro: el Congreso ha escuchado la indignación ciudadana frente al incremento de la inseguridad y la corrupción. Estas medidas no deben interpretarse como un cheque en blanco para abusos. Su aplicación debe ser rigurosa, garantizando el respeto a los derechos fundamentales y evitando excesos en la práctica judicial. Es necesario que esta norma sirva como una advertencia para todos aquellos que busquen ser cómplices de los criminales, y que entiendan que en el Perú no debe habrá impunidad. La restitución de la detención preliminar es más que un acierto técnico: es un acto de reivindicación frente a los intereses oscuros que llevaron a su eliminación. El Estado debe demostrar firmeza y eficacia, estas medidas son un avance hacia un sistema con medidas firmes, claras y confiables en la lucha contra la criminalidad y la corrupción.