Partidos políticos y financiamiento privado: fortaleciendo la democracia

Por: Luis Ernesto Flores Reátegui, abogado constitucionalista

La reciente aprobación del dictamen que restablece el financiamiento privado para los partidos políticos en Perú por parte de la Comisión de Constitución del Congreso marca un paso positivo hacia la consolidación de nuestro sistema democrático. Esta reforma, que modifica la Ley de Organizaciones Políticas, responde a una necesidad técnica y política de asegurar la sostenibilidad de las organizaciones partidarias, garantizando a la vez mayor transparencia y control en el manejo de los recursos. Entre las medidas más destacadas, se encuentra el aumento del límite de aportes individuales de 120 UIT a 200 UIT, lo que permitirá un financiamiento más grande sin comprometer la trazabilidad de los fondos. Adicionalmente, se ha establecido que las personas jurídicas nacionales sin fines de lucro puedan participar como aportantes, lo que amplía las fuentes de ingresos para los partidos. Este cambio, cuidadosamente enmarcado en regulaciones, retoma una práctica suspendida desde 2018 tras los escándalos del caso Lava Jato, pero introduce barreras de supervisión y fiscalización más estrictas para evitar abusos. Un aspecto técnico interesante es la implementación de un mecanismo alternativo de aportes a través del Banco de la Nación, que preserva la confidencialidad del aportante mientras asegura la transparencia hacia la ONPE. Esta medida equilibra la privacidad con la obligación de rendición de cuentas, contribuyendo a la confianza ciudadana en los procesos políticos. No menos importante es la flexibilización del uso del financiamiento público directo. Al permitir que estos recursos también cubran servicios de asesoría y patrocinio legal, se reconoce la complejidad operativa de los partidos, especialmente frente a temas legales y administrativos que enfrentan. Esta necesaria reforma, es una herramienta necesaria para fortalecer los partidos como instituciones esenciales de la democracia. Es importante que la ONPE cumpla con su rol fiscalizador para garantizar que el financiamiento privado sea transparente y efectivo.