DICTAMEN DE LEY AGRARIA FAVORECE LA COMPRA DE TERRENOS ERIAZOS DEL ESTADO A GRANDES EMPRESAS
SOLO SE PAGARÁ la tercera parte del valor arancelario si
la posesión se realizó hasta el 31 de diciembre de 2023
Se adelantó la Navidad. El texto sustitutorio del dictamen de la futura Ley Agraria, propuesto en la Comisión Agraria del Congreso de la República, prácticamente entregará los terrenos eriazos del Estado a las grandes empresas agrarias,
como pueden ser los agroexportadores, o no, bajo la figura de una regularización de derechos posesorios en predios de propiedad pública.
Según el documento que debe debatirse entre hoy y mañana en el Pleno del Congreso, como adelantó el presidente del Legislativo, Eduardo Salhuana, “los poseedores de un predio rústico de propiedad del Estado, destinado íntegramente a la actividad agropecuaria, que se encuentren en posesión en forma pública, pacífica y continua, podrán regularizar su situación jurídica ante el gobierno regional correspondiente, siempre que la posesión se hubiera iniciado hasta el 31 de diciembre de 2023”.
En las disposiciones complementarias modificatorias, precisa que “en el caso de los poseedores de tierras eriazas habilitadas de propiedad del Estado, destinadas íntegramente a la actividad agropecuaria, podrán regularizar su situación jurídica mediane el procedimiento de adjudicación directa, previo pago de la tercera parte del valor arancelario del terreno si el adjudicatorio es un pequeño productor agrario o forma asociativa inscritos en el Registro de Pequeños Productores Agrarios y sus Formas Asociativas”.
De este modo, la Comisión Agraria, en poder del fujimorismo y que responde a los intereses del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, el también fujimorista Ángel Manero, pretender confundir a la opinión pública de que el objetivo es favorecer a los pequeños agricultores, cuando es todo lo contrario.
En el mismo texto del dictamen de la Ley que Promueve la Transformación Productiva, Competitiva y Sostenible del Sector Agrario con Protección Social hasta la Agricultura Moderna, señala que si el adjudicatario no es un pequeño productor agrario —no especifica si es un gran productor agrario, solo que no es un pequeño productor— pagará el valor arancelario del terreno, siempre que dicha posesión de hubiera iniciado hasta el 31 de diciembre de 2023.
ELEVADO COSTO FISCAL
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el dictamen favorece al “sector más beneficiado con tratamientos preferenciales del país” porque busca reducir el Impuesto a la Renta (IR) de 29,5 % al 15 % para el sector agroindustrial, como en la antigua Ley Chlimper. La estimación preliminar de la propuesta tendrá un costo fiscal de S/1.850 millones anuales.
En el papel el objetivo del dictamen es “supuestamente” beneficiar a los pequeños productores, pero el MEF advierte que los principales beneficiarios serían las grandes empresas, las cuales han experimentado un notable aumento en sus utilidades en los últimos años.
De paso, el cuestionado proyecto aprobado deroga la Ley n.° 31110 y crea un régimen tributario al que podrían acogerse las empresas agrarias que tributan bajo ese esquema. Actualmente, las empresas de mayor tamaño tributan una tasa del 20 % y desde el 2025, 25 %, pero el proyecto prevé, sin establecer diferenciaciones, que las empresas agrarias de todo tamaño tributen hasta el 2035 con la tasa del IR del 15 %.
Incluso, sin aludirlo directamente, el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, cuestionó en CADE la promoción de estas leyes que, para él, constituyen prácticas mercantilistas que nos retrotraen a la década de los ochenta con la búsqueda de rebaja de los impuestos en el Congreso. “Eso, obviamente, está mal”, señaló.
Fujimoristas favorecen a los agroexportadores
El MEF considera que con el actual dictamen las formas asociativas no serían beneficiarias directas de estos incentivos, limitándose a actuar como proveedores o facilitadores para las empresas agrarias y pequeños productores, quienes serían los verdaderos beneficiarios.
Entre los beneficios actuales se incluyen exoneraciones del IGV para productos e insumos como semillas y fertilizantes,
créditos tributarios por reinversión para empresas más pequeñas y tasas reducidas del IR. De esta manera, el sector agropecuario en Perú ya disfruta de “tratamientos tributarios preferenciales”, representando el 29% del total estimado de gastos tributarios, de acuerdo al MEF.
El dictamen restituye beneficios fiscales que habían sido eliminados por la Ley n.° 27360, derogada en 2020 durante el Paro Agrario en donde tres peruanos fueron asesinados durante la represión estatal que envió el gobierno de Francisco Sagasti. La cuestionada y antigua ley agraria fue reemplazada por la Ley 31110, que aumentaba gradualmente los impuestos al sector agropecuario.
Otro caso que llama la atención es el control total del fujimorismo de la Comisión Agraria del Congreso de la República. Por ejemplo, los dos asesores de la comisión agraria que hacen y deshacen las normas agrarias son Marco Vinelli y Jean Pier Iparraguirre.
En el primer caso, Marco Vinelli Ruiz, es profesor de ESAN y fue el jefe del capítulo agrio del plan de gobierno de Keiko
Fujimori. Otro caso es Iparraguirre Quiñones que postuló sin éxito para la alcaldía distrital de Lince por Fuerza Popular. Para el economista e investigador, Eduardo Zegarra, la Comisión Agraria aprobó un “regalazo tributario” a grandes agroexportadoras con Ley Chlimper 2.0. “Estimado de 1,850 millones de soles anuales de exoneraciones tributarias por 10
años (casi 20,000 millones). Intereses privados predominan en la agenda legislativa”, escribió en su cuenta de la red social X.
Debido a esta situación el MEF advierte que los beneficios tributarios propuestos no favorecerían a la pequeña agricultura, sino principalmente a grandes empresas que, al asociarse o comprar a pequeños productores, podrían acceder a tasas reducidas y deducciones. Estos beneficios son considerados desproporcionados y podrían extenderse a cualquier persona jurídica, no solo a empresas agropecuarias.
