LA MEDIDA FUE DICTADA por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional en presunto prevaricato de leyes que exigen en este caso la prescripción.
El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional habría desacatado la ley al dictar 18 meses de prisión preventiva contra el médico neurocirujano Vladimir Cerrón Rojas, líder del Partido Político Nacional de izquierda socialista Perú Libre y exgobernador
regional de Junín, por el presunto delito de colusión agravada implicado con el caso Antalsis. La medida desacataría, según especialistas, la Ley 31751, la cual exige que procesos como el que implica a Cerrón prescriban si la misma prescripción fue suspendida por más de un año.
La prisión preventiva será efectiva una vez que Cerrón sea ubicado y detenido, una realidad lejos de concretarse. Cerrón es investigado por su presunta participación en una organización criminal, la cual según la tesis fiscal sería responsable de defraudar al Estado con más de 26 millones de soles. La acusación de la Fiscalía sostiene que, durante la gestión entre 2011 y 2014, Cerrón habría facilitado contrataciones irregulares para obras públicas mediante un convenio con la empresa SIMA, la cual subcontrató a Antalsis, la empresa privada involucrada en el supuesto fraude.
Por su lado, la defensa técnica de Vladimir Cerrón ha venido argumentando que los plazos legales para procesarlo por el delito de colusión agravada ya habrían prescrito en virtud a los años transcurridos desde los hechos investigados. Así mismo, la defensa sostiene que no puede existir colusión alguna debido a que en la liquidación de obra no hubo daño patrimonial, algo que Fiscalía no ha podido probar, y, más aún, quedó saldo favorable del gobierno regional de Junín. En otras palabras, no solo Cerrón no habría tocado ni un sol sino que terminó generando plusvalía a favor del Estado.
Sin embargo, en una suerte de mesa de partes informal del Ministerio Público, el Poder Judicial rechazó esta argumentación al indicar que el caso presenta características de complejidad y crimen organizado, a pesar de que ello no está probado. En esa línea, para evitar la acusación de prevaricato, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional consideró que la mal llamada ‘Ley Soto’, que establece un año adicional para la suspensión de la prescripción es válida siempre y cuando no sean procesos relacionados con delitos graves, aunque los atribuidos a Cerrón no lo son, se le aplicó dicha excepción. Estos galimatías reconfirmarían la postura de la Fiscalía, a saber: que los delitos cometidos durante la gestión del exgobernador de Junín serían parte de una trama más
amplia de corrupción. Permítannos dudar de un sistema de justicia que ha mostrado ser poco independiente, bastante parcializado y no poco politizado.
DATO: LA PALABRA DE
CERRÓN:
“Politización de la justicia sin límites. Me dictan 18 meses de prisión preventiva por
colusión, pese a que en la liquidación de obra no hay daño patrimonial y, por el contrario, existe saldo a favor del GRJ. Apelaré esta arbitrariedad. ¡La lucha continúa!”
