El gobierno de Maduro califica el acto como un atropello y una grave violación de la soberanía de Venezuela
Este lunes, en un acto que el gobierno venezolano denuncia como una agresión sin precedentes, Estados Unidos confiscó el avión presidencial de Nicolás Maduro, un Dassault Falcon 900 valorado en 13 millones de dólares, en la República Dominicana.
La aeronave fue trasladada a Florida bajo el pretexto de las sanciones impuestas a Venezuela, en un movimiento que las autoridades estadounidenses describen como una acción contra la corrupción y el abuso de poder.
Para el gobierno de Caracas, esta confiscación no solo es una violación de su soberanía, sino un acto de piratería moderna destinado a humillar al país en el escenario internacional.
En respuesta a estas agresiones, el gobierno venezolano ha anunciado su intención de tomar medidas legales para reparar el daño causado por la confiscación del avión y la represión interna.
Caracas condena estas acciones como un ataque a su soberanía y un intento de desestabilizar el país desde el exterior y desde adentro.
El Ejecutivo venezolano llama a la comunidad internacional a rechazar estas medidas unilaterales y abusivas, subrayando que el conflicto se profundiza con cada nuevo acto de hostilidad por parte de las potencias extranjeras y la represión interna que enfrenta el país.
Arresto a Gonzales Urrutia
La situación en el país llanero, se complica aún más con la reciente orden de arresto emitida contra Edmundo González Urrutia, un opositor del régimen de Maduro y principal rival en las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado. González Urrutia enfrenta acusaciones graves como conspiración y sabotaje, que, según su defensa, carecen de fundamento y de las garantías legales necesarias.
