CONVERSEMOS DE GESTIÓN DEL ESTADO
Doctor: José Pastor Rodriguez Arroyo
DOCENTE Y CONSULTOR
EN GESTIÓN PÚBLICA
El llamado Consenso de Washington implementado por el FMI, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de los EEUU, impuso a partir de los años 90, políticas públicas de modernización en nuestros países: disciplina fiscal, privatización de servicios públicos, predominio del mercado, privatizaciones. La Constitución del 1993, implanta el principio de “subsidiaridad”, por el cual, si la empresa privada puede hacerlo, el Estado no debe intervenir.
Por ejemplo, en el Reino Unido, la política en los servicios educativos, aplicó la idea del libre mercado al mundo de la educación. Los padres y alumnos se consideraron como «clientes» o «consumidores» del sistema educativo, con derecho a elegir los servicios educativos pues las soluciones orientadas al mercado tendrían resultados positivos aplicadas a los servicios públicos.
Otro ejemplo: Tras el golpe militar de Pinochet, el rol del Estado pasó a ser, “Subsidiario”, cuya misión no es promover el desarrollo, el progreso social y cultural, sino emprender acciones que el sector privado no puede o no quiere desarrollar. En ambos casos se pasó de un estado regulador y prestador de los servicios públicos, al predominio del mercado en la provisión de los servicios.
BIENESTAR COMÚN
El fundamentó es la idea liberal de que el bienestar común es igual a la suma de las expectativas individuales. De un Estado que interviene masivamente en el ámbito de los servicios educativos se pasó a una lógica en la cual el mercado asigna los recursos buscando la máxima eficiencia.
Antes de este cambio se consideraba que el Estado debía brindar servicios públicos para promover la equidad y bienestar de toda la población. El desarrollo se vinculó a la acción del Estado, pues dejarlo al libre mercado profundizaba inequidades y perjuicios sociales. Estas reformas en el Perú se implementaron a partir de los 90, con la formación de una política, donde la responsabilidad pública del gobierno se orienta al individuo como consumidor, no como ciudadano, rechazando cualquier concepción que superponga valores más altos que los individuales. Esta idea conduce a presentar los servicios públicos de educación, como nicho a conquistar. Este espacio mercantil requiere un Estado que genere las condiciones para que los agentes privados puedan encontrar rentabilidad en la inversión.
Esta concepción política ha generado reclamos y rechazo en estos años, en varios países. Se plantea que con esta lógica se pierde la calidad de ciudadano, se exige al Estado servicios educativos de calidad para todos y no solo para los que los pueden pagarlos. Esta política no la tuvieron los países desarrollados en su etapa de fortalecimiento como estados donde la educación integro los aspectos nacionales, elevo la calidad del capital humano como requisito para mejorar los procesos productivos, mejorar la calidad de salud y desarrollar una ciudadanía más consciente y responsable.
