El monto de la transferencia es de más de un millón trescientos mil dólares en oro al PRONABI
El Poder Judicial ha ordenado la transferencia de cuatro barras de oro, valorizadas en más de un millón trescientos mil dólares, al Estado peruano. Esta decisión, emitida por el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio del Callao el 14 de agosto, se enmarca en un caso relacionado con la minería ilegal.
El magistrado Marco Aurelio Tejada Ortiz, encargado del juzgado, declaró fundada la demanda sobre estas barras de oro, que estaban en posesión de Edith Gisela y Lizbeth Yanina Pacori Borda.
Las hermanas, dueñas de las empresas MINERALES ADRIAN A&A y MINERALES MAYA, no lograron justificar el origen de su patrimonio, sugiriendo una conexión con actividades ilícitas.
Las barras, cuyo peso total asciende a más de 17 kilogramos, fueron confiscadas durante una acción de control aduanero. El valor exacto de estas barras, según la declaración aduanera de mercancías (DAM), es de un millón trescientos treinta y nueve mil trescientos treinta y seis dólares.
A pesar de las declaraciones de las hermanas Pacori, quienes aseguran no dedicarse a la compra de mineral aurífero y describen sus empresas como productoras, el Ministerio Público ha identificado inconsistencias en sus afirmaciones, señalando que los instrumentos de gestión ambiental (IGAFOM) contradicen sus declaraciones.
Este caso forma parte de un patrón creciente en la lucha contra la minería ilegal en Perú, donde las mafias utilizan empresas fantasmas para vender y exportar oro sin intervención de las autoridades.
En los últimos meses, se han registrado varias incautaciones significativas, incluyendo la detención de una mujer en junio, quien transportaba alrededor de 9 barras de oro valorizadas en tres millones de soles.
Estos operativos demuestran el compromiso de las autoridades peruanas en combatir la minería ilegal y sus ramificaciones.
