Exministros y figuras públicas peruanas acusan a autoridades por presuntos delitos vinculados a la represión de manifestantes
El caso de las 49 muertes ocurridas durante las protestas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 en Perú fue oficialmente presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra la presidenta Dina Boluarte y otras autoridades presuntamente implicadas.
Dieciséis ciudadanos, entre ellos exministros como Marisol Pérez Tello, Walter Albán, Mirtha Vásquez y Diego García Sayán, realizaron el anuncio en un comunicado conjunto, indicando que la denuncia se basa en los graves hechos ocurridos durante ese período, que también dejó más de 340 heridos.
El documento presentado ante la CPI subraya que la denuncia se ha realizado cumpliendo con las exigencias de la corte y en estricto apego al derecho internacional y la legislación peruana.
Los denunciantes esperan que se lleve a cabo una investigación exhaustiva que llegue «hasta las últimas consecuencias, incluyendo las medidas cautelares que correspondan».
Según el comunicado, estos hechos representan una de las etapas más críticas en la historia reciente del país, con una grave afectación a los principios democráticos y a los derechos humanos.
Entre los firmantes de la denuncia, además de los exministros, se encuentran figuras como el exprocurador Antonio Maldonado, el exembajador Harold Forsyth, el escritor Nicolás Yerovi, el politólogo Oscar Vidarte Arévalo, y otros destacados académicos y activistas.
La acción presentada ante la CPI busca evitar que estos crímenes queden en la impunidad y se haga justicia para las víctimas y sus familias.
