Fallo propina un duro golpe al Congreso que, adelantó, va a apelar la decisión
En una decisión que podría marcar un precedente significativo para la separación de poderes en Perú, la Primera Sala Constitucional de la Corte Suprema ha resuelto restituir a Inés Tello y Aldo Vásquez como miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Esta medida revoca la inhabilitación por diez años que el Congreso les impuso, acusándolos de presuntas faltas graves relacionadas con la constitucionalidad de sus acciones dentro de la JNJ.
Independencia judicial
La decisión judicial ha subrayado la independencia judicial y la necesidad de respetar el debido proceso, incluso en contextos de conflictividad política.
El fallo judicial destaca que las acciones del Parlamento no fueron aplicables legalmente y, por ende, anula las resoluciones que habían destituido a Tello y Vásquez de sus cargos.
En ese sentido, prohíbe al Congreso aplicar medidas similares contra otros miembros de la JNJ, bajo amenaza de consecuencias penales para quienes incumplan esta disposición.
Este pronunciamiento no solo restablece a los juristas en sus funciones, sino que también defiende la autonomía de la JNJ como órgano clave en el sistema de justicia del país.
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Congreso se pronuncia
La decisión ha generado reacciones encontradas. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, ha anunciado una apelación inmediata, enfatizando la necesidad de defender el fuero parlamentario y la prerrogativa del Legislativo para ejercer control sobre los órganos del Estado.
Por su parte, Omar Cairo, abogado de Inés Tello celebró la decisión de la Corte Suprema.
“Esta sentenciada puede ser apelada, pero el artículo 26 del Código Procesal Constitucional establece que las sentencias de los procesos de amparo, como es esta, se ejecutan inmediatamente y la apelación no la suspende. Es decir, desde mañana [hoy], Inés Tello y Aldo Vásquez vuelven a integrar la JNJ”, dijo Cairo.
“La junta es una de las instituciones que mantenía el prestigio por la independencia con la que siempre realizó su trabajo”, puntualizó el letrado.
Este episodio destaca la fragilidad de las instituciones peruanas frente a tensiones políticas y la importancia de un sistema judicial robusto para garantizar el estado de derecho.
