Un grupo de asesores del comité multisectorial de lucha contra la minería ilegal expresó su preocupación ante este Diario por los resultados del avance en la lucha contra la minería ilegal en seis regiones del país, cuyo estudio fue presentado el miércoles al equipo multidisciplinario presidido por el vice ministro del Interior, Manuel Ordoñez.
Los expertos no solo comentaron sobre los resultados, sino que también manifestaron su sorpresa ante el hecho de que el Premier Gustavo Adrianzén esté promoviendo la modificación de una ley que podría terminar beneficiando a las organizaciones criminales, como los mineros ilegales.
Congreso de la República
Es pertinente recordar que el martes, el premier Adrianzén compareció ante la Comisión de Constitución del Congreso de la República, acompañado por los ministros de Estado, para sustentar el pedido de facultades con el fin de fortalecer la reactivación económica y la seguridad ciudadana.
Los asesores, que solicitaron mantenerse en el anonimato, se mostraron sorprendidos por el interés del ejecutivo en modificar la Ley 26702, que permite reducir el capital mínimo a las empresas encargadas del transporte de valores a distintas entidades bancarias a nivel nacional. En cuanto a la modificación de la norma, los expertos confirmaron que no fueron consultados.
La modificación de esta ley abre la posibilidad para que cualquier empresa solicite autorización a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), así como a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), para transportar dinero o metales preciosos como el oro desde cualquier región, sin que ninguna autoridad requiera una inspección in situ, considerando que se trata de transporte de valores. Cabe indicar que a la fecha las empresas que transportan minerales no están sujetas a la supervisión de la SBS y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuya función es detectar operaciones de lavado de activos en el país.
Supervisión
En la actualidad, ambas instituciones encargadas de regular el transporte de valores mantienen el control sobre los camiones blindados que trasladan especies valiosas de un lugar a otro. Sin embargo, de ampliarse el servicio a otras empresas ubicadas en distintas regiones, existe el riesgo de que la Sucamec pierda el control y la supervisión, como ocurrió en la sede de la Dirincri, donde se cambió un lingote de oro por uno de cobre, o en la venta de armas adquiridas en Perú que fueron utilizadas por organizaciones criminales en Ecuador para asesinar al candidato presidencial Fernando Villavicencio.
Los asesores explicaron a este Diario que las medianas mineras ubicadas en la provincia de Pataz transportan el mineral concentrado a Trujillo o Nazca para su procesamiento y extracción del metal precioso. En otras regiones como Madre de Dios, se obtienen pepitas de oro que luego son fundidas y concentradas en lingotes de oro de 400 onzas (aproximadamente 12.4 kg), los cuales son vendidos en Bolivia. En Piura y Amazonas ocurre algo similar, utilizando la ruta de Tumbes para su venta en Ecuador.
Al mejor postor
También se ha detectado que los mineros ilegales, para evadir el control de las autoridades, trasladan el oro extraído a otras regiones donde es vendido al mejor postor. Esta modalidad de «pitufeo» resulta rentable pero también riesgosa debido a los continuos asaltos y robos que se producen durante el transporte.
Según el experto en seguridad pública Pedro Yaranga, respecto a la modificación de la Ley, sostiene que podría ser aprovechada por la minería ilegal. «La minería ilegal aprovecha todo. En este caso, se debería someter a un mayor debate en el Congreso, a cargo de especialistas, porque obviamente las realidades difieren de una zona a otra, y las inspecciones realizadas por las autoridades podrían salirse de control».
Otros intereses
Además, agregó que los vehículos blindados que transportan valores no son inspeccionados en operativos de rutina realizados por la policía o los agentes de la SUNAT. «No vaya a ser que los que promueven la norma estén trabajando por otros intereses. No vaya a ser que utilicen los vehículos blindados para transportar material no minero, como el oro o la droga, o adulteren la documentación. En ese sentido, la autoridad debe ser mucho más exigente, ya que los vehículos no pasarían por la inspección de rutina», enfatizó.
