El exmandatario Alberto Fujimori ocupa la palestra pública por solicitar a través de su defensa legal, ejercida por el abogado Elio Riera, la asignación de una pensión vitalicia de 15 600 soles al Congreso.
Sin embargo, no es el único político que se ampara en su antiguo lugar presidencial para exigir beneficios: Pedro Castillo aplicó una estrategia parecida.Parlamento habría rechazado ambos pedidos aludiendo a la Ley 26519, en la cual se señala que este derecho se suspende si existe una acusación constitucional, a menos que haya una sentencia judicial que avale inocencia.
Alberto Fujimori, exmandatario peruano condenado por graves violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción, y el expresidente Pedro Castillo, destituido en diciembre de 2022 tras intentar un golpe de Estado, se unen para seguir viviendo del estado peruano.
Mediante una carta emitida el 11 de abril, el Parlamento notificó al exmandatario la improcedencia de su solicitud, lo que llevó a su defensa a apelar esa decisión inicial. Castillo fue objeto de una acusación constitucional por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias, una denuncia presentada por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
En la apelación presentada recientemente, el exgobernante sostiene que obtuvo el derecho a una pensión vitalicia justo después de su destitución, el 7 de diciembre de 2022. Argumenta que, dado que la acusación constitucional en su contra se aprobó más de dos meses tras su salida del poder, considera “arbitrario e ilegal” que se le niegue dicho acceso.
También destaca la desproporción de restringir esa pensión dado que, al estar privado de libertad, carece de ingresos para cubrir necesidades básicas y el sustento de sus hijos, actualmente asilados en México con la exprimera dama, Lilia Paredes. Castillo concluye que esta negativa del Congreso vulnera, además, su presunción de inocencia y otros derechos.
La apelación, firmada por el exministro Walter Ayala, ha sido criticada por el constitucionalista Alejandro Rospigliosi, quien la calificó sin fundamento legal o constitucional, e instó al Congreso a declararla improcedente.
El letrado destacó que los mismos argumentos podrían aplicarse a Fujimori, quien también busca una pensión vitalicia, además del pago de un asistente personal y vales de combustible, pese a que adeuda 57 millones de soles en reparación civil por diversas condenas relacionadas con actos de corrupción junto a su exasesor, Vladimiro Montesinos.
Los pedidos del excarcelado aún se encuentran en la Oficialía Mayor del Congreso, que deberá evaluarlos y decidir si proceden o no.
Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski disfrutan de la pensión de expresidentes, aún enfrentando procesos judiciales. En contraste, exmandatarios como Manuel Merino, Francisco Sagasti y Martín Vizcarra, este último inhabilitado por el caso ‘Vacunagate’, se ven excluidos de este beneficio debido a interpretaciones legislativas y sanciones aplicadas.
¿De qué trata la Ley 26519?
De acuerdo con el documento formado por Alberto Fujimori el 24 de julio de 1995, la Ley 26519 abarca lo siguiente:
Artículo 1. Los expresidentes constitucionales de la República gozarán de una pensión equivalente al total de los ingresos de un congresista en actividad.
En caso de fallecimiento, serán beneficiarios de la pensión el cónyuge y los hijos menores, si los hubiere. Si resultaran beneficiarios ambos simultáneamente, la pensión se otorgará a prorrata.
Artículo 2. El derecho referido en esta ley queda en suspenso para el caso de expresidentes de la República respecto de los cuales el Congreso haya formulado acusación constitucional, salvo que la sentencia judicial los declare inocentes.
Artículo 3. El Pliego Congreso de la República incluye anualmente la partida o partidas requeridas para dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 1.
Artículo 4. Derógase todas las disposiciones que se opongan al cumplimiento de la presente ley
