La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ), halló graves irregularidades en la función judicial de 16 órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, como el retardo excesivo en la tramitación de diversos procesos judiciales, omisión al cumplimiento de los deberes funcionales, expedientes paralizados y sin impulso procesal por más de 2 años, según informes del equipo de jueces de control que realizaron la visita inspectiva e inopinada.
En el Juzgado Mixto en adición Juzgado Penal Unipersonal y Liquidador de Huepetuhe se advirtió un excesivo retardo en la tramitación de expedientes, debido a que en dicho despacho hubo cambio de jueces. La titular fue promovida y los jueces supernumerarios que se hicieron a cargo de los procesos estuvieron por periodos cortos.
Hallan expedientes sin tramitar
Además, en este órgano jurisdiccional, 10 expedientes tramitados con el Nuevo Modelo Procesal Penal causan especial preocupación para la ANC-PJ, porque a la fecha de la visita judicial no se cumplió con fijar nueva fecha para inicio de juicio oral. Otra, es la existencia de procesos que se encuentran pendientes de actuación desde el año 2022.
En la Sala Mixta de Inambari, se observó un presunto retardo para fijar la fecha de las audiencias y reprogramaciones. En el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal se advirtió que la fecha consignada en las resoluciones no coincide con la fecha en que fueron firmadas, y que además, no se estarían motivando las razones por las cuales se suspenden las audiencias.
Existirían irregularidades
La Sala Penal de Apelaciones, en adición Sala Penal Liquidadora, no está exenta de presuntas irregularidades, pues se observó que existen resoluciones pendientes de ser suscritas por los jueces, mientras que en otras resoluciones se conoció que existe discordancia entre la fecha de la resolución y la fecha en la que fueron firmadas digitalmente.
La visita judicial alcanzó a la Sala Civil, Juzgado de Trabajo y Juzgado Civil de Tambopata donde se detectaron retardos en la emisión de sentencias, y se detectó el uso de equipos de cómputo para fines ajenos a la labor judicial.
Casos de familia en el olvido
En el Segundo Juzgado de Familia, se advirtió expedientes que aparecen en el Sistema Integrado Judicial (SIJ) como pendientes de sentenciar, sin embargo, su estado es de trámite regular. También se observaron escritos pendientes de proveer.
En el Juzgado Transitorio de Extinción de Dominio con funciones de Juzgado Penal Unipersonal y Liquidador de Tambopata, la ANC-PJ advirtió presunto retardo en emitir los actos procesales, retardo en proveer escritos, mientras que en el Juzgado Civil de Inambari-Mazuko y Primer Juzgado de Familia de Tambopata, se observó presunto retardo en emitir sentencias y proveer escritos.
Retraso en los expedientes
Asimismo, en el Primer, Segundo y Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambopata se advirtió presunto retraso en proveer escritos que datan de agosto de 2023. En el Juzgado Mixto en adición Juzgado Penal Unipersonal y Liquidador de Iñapari, se advirtió expedientes paralizados y sin impulso procesal por más de 2 años, debido a que la secretaria a cargo no habría dado cuenta al juez a cargo del juzgado, para que emita el acto procesal correspondiente.
Otra presunta irregularidad detectada, es en el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial, donde un expediente, cuya resolución tiene fecha 22 de agosto de 2022, fue suscrita digitalmente por la magistrada directora de debates el 5 de marzo de 2024, pero no tiene la firma de los demás jueces que integran el Colegiado.
Evalúan iniciar procedimiento disciplinario
Ante estas situaciones advertidas durante la visita judicial inspectiva e inopinada, la ANC-PJ recomendó a la presidencia de la referida Corte para que atienda a la brevedad las observaciones. A la vez, en los despachos de control se analiza si corresponde o no iniciar procedimiento administrativo disciplinario.
La visita realizada del 19 al 21 de marzo último, fue liderada por Roberto Palacios Bran, jefe de la ANC-PJ, quien estuvo secundado por un equipo de jueces expertos en acciones de control, conformado por las magistradas Nelly Pinto Alcarraz, Elizabeth Quispe Mamani y Miriam Malqui Moscoso, así como los magistrados Luis Lévano Vergara, Carlos Anticona Luján y Alexis López Aliaga-Vargas, así como de auxiliares contralores.
