La indolencia del Gobierno y el Congreso se dejan ver en su “atarantamiento” con la devolución de las AFP en este año 2024. La postura del Banco Central de Reserva es una señal del alineamiento, con las aseguradoras privadas. El Ejecutivo no es empático con millones de peruanos que necesitan ese retiro, un salvavidas en plena recesión.
Hace un par de días, increíblemente el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, echó más gasolina al fuego. Aseguró que la tasa de aporte del 10% a las AFP, es poco, si se mira el reciente aumento en Chile (15%). Que debería ser más, si se pretende la jubilación
antes de los 65 años.
Esto, sin duda, esta compaginado, por los cruces de opinión y hechos que se pueden rastrear en los diferentes poderes del Estado, con el único afectado: la población trabajadora formal y desempleada que están necesitados de poder sacar libremente su dinero que han confiado en todos estos años a las aseguradoras privadas.
Congreso
Ya es un secreto a voces la baja actividad con respecto a este tema en la comisión de economía del Congreso, haciendo tardar a toda costa el debate para que los trabajadores puedan lograr el retiro de una parte de su dinero, para invertirlo o poder pagar sus deudas urgentes debido a la recesión y falta de oportunidades.
En dicha comisión, está por determinarse las reformas del sistema de pensiones, además de ayudar a los desempleados con el retiro de S/ 20.600 (4 UIT) de sus fondos
Pero el Congreso mece el debate, con excusas jaladas de los pelos. El presidente de esta Comisión, César Revilla, explicó que la discusión del predictamen no pudo concretarse “por problemas con la potencia de luz y conectividad de internet” en la mlocalidad de Chanchamayo, desde donde sesionaba el grupo de trabajo de forma extraordinaria.
Varios congresistas, Montoya, Anderson, se quejaron del audio. Tuvimos que parar la sesión”, dijo Revilla, quien pertenece a la bancada de Fuerza Popular. Aunque parezca increíble, ya es repetitivo estas demoras, es una postura y alertagamiento con intereses compartidos con el Gobierno y las aseguradoras privadas.
Gobierno a favor de los privados
En las altas esferas del gobierno, dos ministros al menos han puesto una barrera de argumentos endebles, para que los trabajadores y desempleados no puedan acceder al retiro del dinero que es fruto de su trabajo.
El ministro de trabajo, Daniel Maurate, haciendo gala de su desconocimiento de la necesidad de la gente sentenció: “No es bueno que los trabajadores de todos los sectores consuman sus pensiones y que cuando sean adultos mayores no cuenten con una. Lo que pasará es que algunos irán a Pensión 65 y esta es pagada con los impuestos de todos. Lo que se debe decidir es fortalecer el sistema para que todos sin excepción cuando estén en la tercera edad, tengan una pensión y acceso a seguros”
¿Sabrá Maurate que es un pago nimio cuando la jubilación sea necesaria?
El que corta el salame del tesoro público, el Ministerio de Economía, es la posición más inflexible del Gobierno frente a esta sétima entrega de AFP. El ministro, José Arista considera que “Es una mala decisión del Congreso insistir con más retiros (AFP) porque al final yo creo que de 10 pensionistas, ocho ya no tienen pensiones”.
Campaña de privados
Por otro lado, y paralelamente a la posición del Gobierno, han desfilado por los medios de comunicación operadores de los sistemas privados de pensiones, aquellos “asesores” que desfilan derrochando una frialdad cuando todos sabemos que la retribución de las AFP es injusta y arbitraria, sujetos a unos contratos exigidos por las empresas de los cuales no hay forma de escape. El asesor de políticas públicas de la AFP, Joaquín Rey, recomendó que se introduzca una pensión mínima en el sistema de aportes privados, de S/600, por diez años de aportes, lo cual es menos del sueldo mínimo. Como era de esperarse está en contra de la sétima entrega de la AFP. Liberar en parte los fondos de la AFP agilizaría la economía local. Para Jaime Reusche, vicepresidente de Riesgo Soberano de Moody’s, un eventual séptimo retiro podría contribuir con agilizar el consumo en el corto plazo. Es poner liquidez en manos de las personas, estas tendrían los incentivos para gastarla, pagar deudas o en todo caso invertirla en activos que podrían no ser los adecuados para un ahorro de largo aliento.
De todas formas, es obligación del Congreso de acelerar el debate, colocando las necesidades de la población por encima de los intereses económicos y del Gobierno, que han aumentado su ganancia considerablemente en estas tres décadas con el sueldo de los trabajadores.
