Grupo de 15 parlamentarios considera que Dina Boluarte se hace “la desentendida” ante la muerte de 49 personas durante manifestaciones. Especialistas advierten que, si no se revierte, puede haber consecuencias graves para la seguridad en la región y suspensión de programas de cooperación.
Mediante un documento oficial, 15 legisladores del Partido Demócrata de Estados Unidos pidieron al Gobierno de Joe Biden que haga rendir cuentas a las autoridades peruanas por las muertes durante las protestas que vivió el país entre diciembre y marzo pasado.
En la carta enviada al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y a la embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Kenna, los congresistas norteamericanos manifiestan que, de acuerdo a los peritajes, las muertes se originaron por el uso excesivo de armas por parte de las fuerzas policiales, y ante ello la presidenta Dina Boluarte “prefirió hacerse la desentendida”.
Los legisladores consideran que Estados Unidos “tiene la responsabilidad” de trabajar con los líderes de Perú y su sociedad civil para garantizar que los responsables de esas muertes y de otras violaciones de derechos humanos rindan cuentas ante la Justicia. Dicen que “no actuar en defensa de los derechos humanos empeorará la inseguridad en la región y aumentará la migración irregular”.
Sostienen que la falta de rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas y la PNP, “responsables del uso desproporcionado y letal de la fuerza en contra de los manifestantes, refleja la corrupción y la impunidad subyacentes que han socavado la democracia del Perú”.
Recomiendan sanciones
Los parlamentarios piden al Departamento de Estado que tome medidas para proteger los derechos humanos en el Perú, siendo la más drástica la suspensión temporal de los ejercicios conjuntos o la colaboración entre Estados Unidos y las fuerzas de seguridad peruanas, hasta que haya una investigación que determine qué unidades peruanas estuvieron implicadas en violaciones de derechos humanos.
Recomiendan que se «restrinja ayuda adicional» a aquellas unidades de las fuerzas de seguridad que hayan cometido violaciones de derechos humanos y que se apoye la creación de un mecanismo de seguimiento, tal y como ha recomendado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esclarecer lo sucedido durante las protestas, tal como se hizo en México y Bolivia.
