El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia declaró fundadas las solicitudes de la Procuraduría General del Estado y ordenó el embargo de los bienes de los imputados Pedro Castillo Terrones y Aníbal Torres Vásquez.
El juez Juan Carlos Checkley dispuso el embargo en forma de inscripción e inhibición de cuatro propiedades del expresidente Castillo, las cuales se encuentran ubicadas en Anguía (Chota-Cajamarca) y en el pueblo de Tacabamba.
Cuatro inmuebles en la provincia de Chota, en Cajamarca, entre ellos el terreno con helipuerto del distrito de Tacabamba, un departamento en San isidro, además de estacionamientos y un vehículo, se encuentran entre las propiedades que perderían el expresidente Pedro Castillo y el expremier Aníbal Torres. Esto luego de que un Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia declaró fundadas las solicitudes de la Procuraduría General del Estado (PGE) y dispuso el embargo de los bienes muebles e inmuebles del exmandatario y el exprimer ministro.
Así, el juez Juan Carlos Checkley ordenó el embargo en forma de inscripción e inhibición de cuatro propiedades del expresidente José Pedro Castillo Terrones, tres de las cuales se encuentran ubicadas en Anguía, Chota, el pueblo natal del exmandatario y una en el pueblo de Tacabamba, que pertenecería a sus padres y donde hace un tiempo se reportó la construcción un helipuerto privado. No se ha precisado el valor de estos inmuebles.
Mientras que ministro Aníbal Torres Vásquez se ordena el embargo de nueve bienes: ocho inmuebles ubicados en los distritos de San Isidro y Lima Cercado, así como un vehículo.
Según la Procuraduría General del Estado los dos estacionamientos de Torres están valorizados cada uno a $15 mil, y un departamento de $236 mil 800. Todos estos bienes están ubicados en la calle Los Eucaliptos, en San Isidro.
La Procuraduría General reiteró que ha solicitado una reparación civil por el golpe de Estado que intentó dar Castillo. Debido a ese caso, el expresidente fue imputado por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, destituido por el Congreso y recluido en la cárcel de Barbadillo, en el este de Lima.
Torres está denunciado como presunto cómplice, dado que se encontraba con el mandatario al momento en que Castillo dirigió el mensaje a la nación con el anuncio del cierre del Congreso y la instalación de un Gobierno de emergencia, junto a otros ministros de Estado y la entonces jefa del gabinete Betssy Chávez.
