El Ejecutivo realizó este miércoles una conferencia de prensa luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera su informe sobre los abusos cometidos en las últimas manifestaciones a nivel nacional. La entidad internacional señaló que se habrían cometido severas violaciones a los derechos humanos, en dichas protestas, entre el siete de diciembre del año pasado y el último 23 de enero.
Al respecto, la mandataria afirmó que nuestro país respeta los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos (DD.HH.), los cuales, son pilares fundamentales de todo sistema democrático.
No obstante, refirió que como todo informe existen cuestionamientos “que no compartimos, pero respetamos”, más aún proviniendo de un organismo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
“De hecho, rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aún cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas”, agregó, para luego agregar que no existe en el actual Gobierno no hay hechos de discriminación de origen o de otro índole.
En otro momento, la mandataria sostuvo que las recomendaciones del informe de la CIDH, el Gobierno ya
venía implementando un conjunto de acciones, incluso desde antes que se inicien las investigaciones.
“Se creó una Comisión multisectorial que tiene a su cargo la atención integral de los deudos y heridos que sufrieron heridas de gravedad”, aseguró.
La jefa de Estado recodó que este grupo de trabajo está integrado por representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, y de los ministerios de Justicia, Salud, Mujer, Desarrollo e Inclusión, de Desarrollo Agrario y Riego, y el Sistema Integral de Salud.
También por la Misión Técnica del Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Consejo Interreligioso y la Defensoría del Pueblo.
Antecedentes
Las movilizaciones iniciaron tras el golpe de Estado (no secundado por las fuerzas del orden) de Pedro Castillo. El expresidente se dirigió al país, a través de un mensaje a la nación, para anunciar la “disolución temporal” del Congreso y el reordenamiento de instituciones como la Fiscalía: entidad que lo investigaba en aquel entonces —hasta hoy— por el presunto delito de organización criminal.
La actividad, programada para las 2:30 p.m., estará liderado por la presidente de la república, Dina Boluarte, en compañía de los ministros de Estado. Se espera, sin embargo, no contar con la participación del premier Alberto Otárola, pues este anunció en la víspera que contrajo COVID-19 y, por ello, continuará su labor a distancia.
Informe de la CIDH
La institución leyó el documento con sus observaciones desde Washington, Estados Unidos (EE.UU.), a través de una videoconferencia que contó con la participación de distintos periodistas.
Durante la lectura del texto, los funcionarios relataron que 56 personas fallecieron a causa de los enfrentamientos. Además, aseguraron que visitaron las regiones aludidas —Cusco, Puno, Ayacucho, entre otros— y reiteraron que el Estado peruano mantuvo la apertura necesaria para brindar información y acoger a la misión de la CIDH en el país.
“Se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza [contra los manifestantes]”, se indicó durante la sesión.
En otro momento, se sostuvo que diversas organizaciones o ciudadanos se movilizaron en 477 protestas en distintos puntos a nivel nacional.
“En la base de estas demandas hay justas reivindicaciones de comunidades campesinas y pueblos indígenas, como el acceso a derechos en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación, así como mayor representación política”, señalaron.
