El pleno del Congreso aprobó, por mayoría, la moción que crea una comisión investigadora multipartidaria para investigar las muertes de las manifestantes que fallecieron durante las protestas que inició el 7 de diciembre y que se realizaron en diversas regiones del país, situación donde exigían la renuncia de la presidente Dina Boluarte y el cierre del Congreso.
Cabe destacar que los protestantes, especialmente los del sur del país, bloquearon pistas, asesinaron a un policía quemándolo, realizaron secuestros, agredieron a comerciantes y dañaron propiedades privadas, así como entidades públicas.
Durante el debate, el congresista Guido Bellido señaló que el Congreso debe cumplir su rol fiscalizador y que “los hechos lamentables” de las regiones como Puno y Cusco deben ser investigados y “determinar responsabilidades”.
Por su parte, el legislador Jorge Montoya (Renovación Popular) señaló que la Fiscalía es la responsable de realizar una investigación, porque está en el lugar y tiene los elementos para saber lo que realmente pasa.
“Luego de ese resultado podríamos ver la responsabilidad política que tendría alguien, hacer una investigación de esta naturaleza en el Congreso solo vamos a especular porque no tenemos los elementos para realizar esta investigación (…) recomiendo que esto se vea después”, manifestó el congresista.
A su turno, el congresista Diego Bazán (Avanza País) aseguró que se está creando una narrativa que busca hacer creer que los Policías son los malos y los manifestantes uno santos y víctimas, cuando en realidad eso no es así.
“También hay que lamentar a nuestras fuerzas del orden que han ido a recuperar el principio de autoridad (…) es necesario que en este Congreso se conozca la verdad de las cosas”, añadió.
Su colega Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso) sostuvo que esa comisión debe determinar las responsabilidades políticas de quiénes organizaron, promovieron y apoyaron financiando los actos de terrorismo contra los aeropuertos, ambulancias, vías, así como amenazas a los comerciantes.
