Si bien la medida busca impulsar el desembolso en el sector, el tributarista Jorge Picón, y el exviceministro de Minas, Guillermo Shinno, consideraron que ello no será suficiente para atraer inversionistas.
“Con esto se le está diciendo a la empresa que si se mete en cosas riesgosas, como la exploración, por lo menos le van a devolver el IGV, porque ya no encareces la exploración, pero eso solo no es suficiente porque la razón por la cual las empresas no invierten es la crisis política”, comentó Picón.
No obstante, consideró que para épocas “de paz política y social” es una norma técnica que tiene un mayor impacto. En agosto, la Defensoría del Pueblo reportaba 209 conflictos, de los cuales 89 estaban relacionados con la minería y 25 con hidrocarburos.
El exviceministro coincidió en que se necesita trabajar en la problemática social y añadió que se requiere que el Gobierno también acompañe los proyectos y no que se convierta en un obstáculo con declaraciones como las que dio hace casi un año la entonces premier Mirtha Vásquez, quien anunció el cierre de cuatro unidades mineras en Ayacucho.
Los US$53,000 millones que conforman la cartera de proyectos mineros no son suficientes para atraer a inversionistas. La problemática entorno al país, reveló Guillermo Shinno, hace que los posibles interesados prefieran aportar por otros países.
“Mañana mismo puede empezar la construcción de Conga y Tía María, pero la conflictividad no lo permitiría. Hay muchos intereses, gente que se aprovecha y cree que el sector minero es para sacar dinero”, resaltó.
Por su parte, en el marco de Perumin, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Raúl Jacob, advirtió que si bien las cifras de inversión son positivas (entre enero y julio suman US$2,781 millones según el Ministerio de Energía y Minas), después de Quellaveco no se tiene otro proyecto similar que sostenga el flujo de nuevos capitales en el sector.
Recordó que en años anteriores existían dos o tres proyectos que de forma correlativa entraban en construcción, pero hoy el panorama es totalmente distinto, ya que en el corto plazo no se tiene algo previsto.
“Ante esta situación, debemos buscar en el país los consensos necesarios y restablecer la confianza mermada entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil para viabilizar la cartera de proyectos mineros identificados”, indicó.
COBRANZA DE DEUDAS
El otro proyecto que envió el Ejecutivo al Parlamento busca darle un mayor efecto disuasivo a la normatividad del Código Tributario con el fin de evitar la dilatación o postergación del cobro de las deudas tributarias.
Jorge Picón explicó que esta medida no tendrá impacto en los casos que involucre a las grandes empresas ni en casos ya judicializados.
Datos
-MMG Las Bambas planea invertir más de US$2,000 millones en los próximos cinco años.
-El gerente general de la empresa, Edgardo Orderique, informó que el costo del conflicto desde 2016 hasta la fecha es de 528 días con operaciones interrumpidas.
