Durante la madrugada de ayer el alcalde de Carabayllo, Marcos Espinoza Ortiz, y otras 14 personas, entre funcionarios, proveedores y dos policías retirados, fueron detenidos por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte. Esta medida se ejecutó por presuntamente dirigir de forma irregular la compra de 21 camionetas por un total de S/2 millones 654 mil 655, la cual favorecía a la empresa Autoland S.A.
Además, de acuerdo con la Fiscalía, se habría promovido el mantenimiento preventivo de las camionetas adquiridas por S/399 mil 959 a otra compañía cercana al burgomaestre.
En esa línea, desde las 5:30, la fiscalía especializada y agentes de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) allanaron un total de 17 propiedades relacionadas con los detenidos y cinco oficinas de la municipalidad distrital.
Asimismo, dicha organización criminal habría dirigido la contratación pública para comprar los vehículos, incluida una camioneta de alta gama, sin tomar en cuenta las observaciones realizadas por el OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado), asegura la investigación a cargo del fiscal Marcos Carrasco.
“Las especificaciones de la contratación estarían orientadas a favor de una sola empresa. Incluso, se dejó sin efecto un primer proceso porque la compañía no se presentó al concurso y se le otorgó un puntaje adicional cuando no correspondía. Todo ello fue observado por el OSCE”, comentó Carrasco a El Comercio.
Responsabilidad de partidos políticos
Espinoza Ortiz pertenece al partido de Alianza para el Progreso (APP), el cual es considerado como la segunda organización política que tiene más candidatos con antecedentes judiciales (74 penales y 104 civiles), solo por debajo de Somos Perú.
Por su parte, Hernán Espinoza, hermano del detenido burgomaestre, minimizó el monto de dinero que se encontró en la vivienda de su familiar. “Nosotros somos empresarios, manejamos miles y miles de soles, S/16 mil para nosotros no es nada”, dijo.
Para Herber Campos Bernal, experto en derecho público, esta situación sucede como consecuencia de la reforma política electoral inconclusa. Del mismo modo, el docente de la PUCP manifestó que los partidos políticos son responsables de elegir adecuadamente a sus candidatos.
“Esta situación hace que se pierda legitimidad en la política, porque los ciudadanos perciben que los políticos instrumentalizan los cargos para sus beneficios propios”, acotó.
Johnny Zas Friz, experto en temas municipales, recalcó que las organizaciones políticas han perdido su naturaleza en beneficio de la ciudadanía y los candidatos solo se presentan por intereses particulares.
“Es necesaria una reforma política iniciando por tener una mayor participación ciudadana para definir a los precandidatos y que estos no sean designados por los órganos directivos”, precisó.
Finalmente, José Manuel Villalobos, experto en temas municipales, cuestionó que no se haya sentenciado a todas las autoridades que han sido detenidas en algún momento. “Ese es uno de los problemas. ¿Por qué demoran tanto en tener la sentencia? Tienen indicios de supuesta responsabilidad, pero no para sentenciar. Esto ocasiona que no se tenga un caso bien armado”, explica.
