El constitucionalista, José Palomino Manchego, conversó con La Última sobre el informe de la Contraloría General de la Republica contra la vicepresidenta, Dina Boluarte, por una supuesta duplicación de funciones representativas. En ese sentido, denunció que se está manipulando la figura de la acusación constitucional. Respecto a la renuncia de Boluarte a la dirección del Club Apurímac y a la Asociación de Clubes Departamentales del Perú, Palomino recordó a la Contraloría que “las pruebas son las que mandan”.
–La Contraloría General de la Republica considera que la vicepresidenta Dina Boluarte habría incurrido en una supuesta infracción constitucional del artículo 126 de la Constitución, por supuestamente haber ejercido otra función pública, pese a que la susodicha ha acreditado su licencia a la representación del Club Apurímac. ¿Ha habido aquí una exageración o un apresuramiento, de parte del órgano de control?
Bueno, bien dicho. Habría. Y como todo es un populismo político, ahora tenemos infracción constitucional, traición a la patria, vacancia presidencial, acusación constitucional, entre otros más consensos categoriales que se manipulan, se malinterpretan. Y eso hay que evitarlo, porque lo que se quiere es una gobernabilidad. Dejemos que el órgano jurisdiccional, como el Ministerio Público o el Poder Judicial, se encargue de dirimir estas cosas. Por qué esa es la impartición de la justicia sin mácula. Reafirmemos la seguridad jurídica. Reafirmemos la gobernabilidad.
–Además, al parecer, el informe de la Contraloría sería tendencioso, ya que establece sin más la existencia de una supuesta infracción constitucional, sin verificar la renuncia de Boluarte a la dirección del Club Apurímac.
Papelito manda. Las pruebas son las que mandan, por supuesto. Y eso hay que contrastarlo. Y algo muy importante: No estoy viendo el derecho a la defensa. Previamente, yo tengo que defenderme.
–¿Es razonable acaso determinar un proceso de infracción constitucional sobre un caso que correspondería, como máximo, a un procedimiento administrativo previsto en la ley SERVIR?
Por supuesto que sí. Claro, pues no todo puede ser, infracción constitucional o traición a la patria. Todo no puede ser todo acusación constitucional. Estamos manipulando los consensos categoriales parlamentarios. Y eso es peligroso, en un estado social y democrático de derecho. Yo creo que todo hay que verlo todo de manera imparcial.
–En todo caso, ¿por qué se está haciendo uso y abuso de la figura de la acusación constitucional, como un cajón de desastre que no está debidamente regulado, afectando el principio de legalidad y el debido proceso?
Así es. Por falta de cultura cívica, falta de cultura política, apasionamiento y, desde luego también, por falta al Estado social y democrático de derecho. Por eso es que, como he puesto énfasis, todo esto se está manipulando. Y se está manipulando desde el punto de vista de algo que atenta a la gobernabilidad. Todos somos iguales ante la ley.
–¿Cabe la posibilidad de alguna intencionalidad política en el procedimiento de la de la Contraloría sobre este asunto?
No quiero adelantar juicios. Yo soy imparcial. Pero creo que hay un exceso. Hay que respetar a los órganos constitucionales. Y ellos, a su turno, tienen que respetar también los dictados constitucionales y las normas procedimentales administrativas que ya se han dado cuenta, y que por dónde debe de partir todo.
–¿Y qué dicen estos dictados constitucionales?
Primeramente, lo que tienen que hacer es ver qué es lo que dice el Tribunal Constitucional, de lo que es la infracción constitucional. Y ante el Tribunal, que revisen quienes manipulan estos conceptos categoriales, la Constitución de Cádiz de 1812, especialmente de la presentación, a modo de preámbulo, de lo que dijo Agustín de Argüelles, acerca de la infracción constitucional, que es una categoría histórica, que nace con nuestro constitucionalismo, el 19 de marzo de 1812. Por ahí tienen que empezar. Tienen que leer antes de opinar. Y hay que poner ya coto a todo esto, por favor.
–Por último, ¿acaso no resulta sintomática la inmediata reacción de un sector de la oposición parlamentaria sobre este tema, como Renovación Popular, cuyo vocero Jorge Montoya, ya ha anunciado la presentación de una denuncia constitucional contra la vicepresidenta Boluarte?
Hay que ver las cosas con mesura porque yo he visto, en estos últimos tiempos, que el congresista Montoya está actuando bajo los cánones institucionales, de los absolutos que le da el Reglamento (del Legislativo). Entiendo que es una opinión. Hay que respetarla.
–¿Este rosario de denuncias y acusaciones sin sentido, no contribuye acaso a la desestabilización política del país?
Hay que ver lo que viene y, en función de eso, manejar adecuadamente esta situación, para que haya paz social. Para que haya gobernabilidad. Para que haya seguridad jurídica, que es lo más importante. Ahora más que nunca. La tolerancia política se impone ahora también. Y ver las cosas sin pasiones.
