Al desmantelar institucionalidad y mostrar mucha improvisación, afirma José de Echave
El exviceministro de Gestión Ambiental del ministerio del Ambiente, José de Echave, conversó con La Última sobre la agudización del conflicto minero de Las Bambas y la posible inviabilidad de este proyecto, al indicar que el gobierno ha demostrado serias limitaciones en el manejo de conflictos sociales, desmantelando la institucionalidad y mostrando mucha improvisación, en este tema.
–Nuevamente, estalla el enésimo conflicto, en la mina Las Bambas. ¿Por qué esta permanente inestabilidad con este proyecto minero?
Yo diría que es uno de los momentos más complicados para el proyecto minero Las Bambas. Sin embargo, el gran problema que las comunidades han demandado desde hace bastante tiempo es que muchos de los acuerdos que se lograron, tenían cláusula de confidencialidad, no han sido cumplidos. Y todo indica que no ha habido capacidad de los actores de la empresa, de sentarse a dialogar para ver qué acuerdos no han sido cumplidos, y cómo se puede finalmente cerrar o cumplir.
–La Comunidad de Fuerabamba ha anunciado que no habrá más dialogo con la compañía china, Minerals and Metals Group (MMG), dueña de la mina Las Bambas. ¿Cómo analiza esta situación?
Que la comunidad anuncie que proyecto minero no va más, sin duda es un mensaje complicado, es un mensaje preocupante. Creo que es una reacción a lo que ha ocurrido ayer, donde finalmente ha habido una situación de intervención de la Policía, que ha sido muy violenta y que ha creado esta situación complicada y difícil.
–Ahora, ¿cómo desbloquear dicha situación tan complicada y difícil?
Cuando los conflictos escalan a esta dimensión, es decir, cuando no se interviene preventivamente, es mucho más problemático. La tarea recae sobre todo en las autoridades, es decir, en la presidencia del Consejo de Ministros, en el viceministerio de gobernanza territorial, en los ministros que estén involucrados en el tema de intervenir y buscar acercar posiciones.
–Pero los comuneros justifican su decisión acusando a la empresa de haber torpedeado el proceso de diálogo, en el tema de la transferencia de tierras, al apelar a la represión policial contra ellos.
Las comunidades argumentan que no se han cumplido los acuerdos. Que ellos entregaron una cantidad de tierras y que la empresa no ha adquirido los predios que cubrirían esa cantidad de tierras. Pero además de eso señalan que las tierras que han recibido no tienen aptitud agrícola, no sirven para agricultura. Solamente sirven para ganadería. Entonces, no pueden desarrollar sus actividades agrícolas. Sobre todo, se refieren a un predio, el de Yavi Yavi. El problema central es saber con exactitud si cumplieron o no. Y eso lo saben básicamente la empresa y la Comunidad, por la cláusula de confidencialidad -impuesto por la compañía- del convenio que firmaron ambas partes. Entonces tenemos un actor, que es la empresa minera, que dice que se ha cumplido total o buena parte de los acuerdos; y tenemos al otro actor, que es la comunidad de Fuerabamba, que dice que no ha cumplido.
–¿Qué hacer, entonces, con el nuevo problema surgido por estas cláusulas de confidencialidad de los convenios suscritos entre la comunidad y la empresa china?
El Estado tendría que intervenir, y hacer una especie de auditoría del Convenio, para revisar qué es lo que se ha cumplido, y qué es lo que no se ha cumplido, y estaría pendiente. Y lograr un acuerdo entre las partes para que, finalmente, eso se cumpla. Entonces, las cosas se complican y se deterioran cuando los conflictos estallan a estos niveles enfrentamientos muy duros, entre la policía y los comuneros.
–¿Acaso no existe cierta intransigencia, por parte de la compañía china, respecto a la atención de las demandas de las comunidades?
Es difícil decirlo. Según la comunidad sí, porque la comunidad ha denunciado que ha intentado llegar a un acuerdo. Y es bien difícil saber qué es lo que está pendiente el Convenio, porque, repito, ese convenio tiene cláusulas de confidencialidad. Entonces, ahí le toca que ver a las autoridades, quién ha incumplido, y quién no dice la verdad. Pero, las comunidades vienen insistiendo, desde hace bastante tiempo, que este convenio no ha sido cumplido plenamente.
–¿Hasta qué punto se verán afectadas las inversiones mineras, con esta grave situación de convulsión social en la zona?
Hoy en día, la minería está con precios extraordinariamente altos y, evidentemente, no es algo positivo que haya niveles de conflictos sociales. Aunque lo que está ocurriendo en el Perú no es algo que pase exclusivamente en nuestro país. Pero evidentemente no va a ser el mejor escenario. Ahora, con los precios de las minerales, que están a niveles altísimos nunca vistos, el interés de los inversionistas por desarrollar proyectos mineros creo que no decae. Aunque, por supuesto, tiene que haber preocupación de las empresas por lo que pueda estar pasando en tal o cual conflicto. Pero, ahora, se ha focalizado en Las Bambas y no es que toda la minería estuviese paralizada.
–¿Por qué el gobierno no está cumpliendo con su papel de intermediación, ya que a veces parece que buscase atizar más bien el conflicto?
El Estado tiene que jugar su rol, tiene que asumir sus funciones. El Estado es el garante de derechos, representa el interés nacional y el bien común. Y, como tal, debe tener la capacidad de intervenir. Además, de acuerdo con las fuentes de la Defensoría del Pueblo, el momento de mayor conflictividad social vinculada a minería fue entre el 2006 y el 2011. Y el 2007 estuvimos con más de 270 conflictos. Hoy en día estamos con 208 conflictos, lo cual no quiere decir que la situación actual no sea preocupante. Lo cierto es que el Estado peruano, en los últimos veinticinco años, no ha tenido capacidad para intervenir, frente a conflictos sociales envergadura. Si no, veamos lo que pasó con el aymarazo, veamos con lo que pasó con Tía María, veamos lo que pasó con Tambo Grande, con Río Blanco, etc.
–¿Quiere decir entonces que el gobierno de Castillo es tremendamente inefectivo e incapaz en manejar conflictos sociales, como el de Las Bambas?
Este gobierno, sin duda, está mostrando serias limitaciones. Este gobierno ha desmantelado lo poco que había de institucionalidad, ha perdido funcionarios que tenían algún tipo de experiencia, en esta materia, y hay mucha improvisación. Eso se está viendo. Ahora, el gobierno no gana absolutamente nada con una situación así, porque pierde legitimidad, pierde capacidad de gestión. Y, por supuesto, pierde también recursos. Porque cada día que una mina como Las Bambas está paralizada, son recursos que el Estado peruano pierde.
