La ministra de Trabajo y Promoción Social, Betssy Chávez, adelantó que el Consejo de Ministros analizará esta semana la posibilidad» de un «retiro» del Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-CIDH). ¿Hasta qué punto puede ser viable esta decisión?
Esta pretendida acción no es novedosa, ya que ha sido barajada por varios gobiernos anteriores al de Pedro Castillo, pero es reimpulsada cada cierto tiempo, con fines populistas y para aquietar la periódica indignación de la ciudadanía, ante ciertas acciones execrables a la moral.
Como, por ejemplo, la ocurrencia de un nuevo acto de violación a una infante, en Chiclayo, que ha conmovido a la sociedad peruana. Un reiterado acontecimiento que grafica otra gran problemática: el Perú es el país con el mayor índice de violaciones sexuales en Latinoamérica y el tercer mayor en el mundo.
Y ante esta dramática perspectiva, no resulta extraño que muchos peruanos exijan “mano dura” al Estado, y que se traduce específicamente en la aplicación la pena de muerte para los violadores de menores de edad.
Sin embargo, la renuncia del Pacto de San José de Costa Rica acarrearía gravísimas consecuencias para el Perú, ya que el retiro de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, impediría a los ciudadanos peruanos el acceso a este organismo supranacional, para denunciar las eventuales vulneraciones de sus derechos. Y ello en circunstancias que el Perú es el país donde se comenten los mayores atropellos a los Derechos Humanos.
En ese contexto, desvincularnos del Pacto de San José es muy perjudicial para la protección y promoción de derechos humanos, más aún en un país como el nuestro dónde históricamente estos derechos no han sido, hasta la fecha, plenamente garantizados.
La Corte-CIDH permite a los ciudadanos de los Estados parte, poder acceder a un proceso internacional en caso de que su derecho no haya sido protegido de forma adecuada por las instancias internas De otro lado, como se sabe, hace unos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado peruano que se abstenga de ejecutar la decisión del Tribunal Constitucional (TC), de liberar al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
En un pronunciamiento, el pleno de dicho organismo supranacional requirió al Perú que “para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta”, se abstenga de ejecutar el fallo del TC.
