Un total de 1,998 entidades del Estado peruano tienen una deuda nominal de 87 millones 217 mil 370 soles con sus trabajadores por concepto de AFP. Una situación similar ocurre con el dinero de los trabajadores de la ONP, que les es descontado y tampoco se aporta para sus pensiones.En el caso de los afiliados a las AFP, son 144 mil 075 afiliados los que se han visto perjudicados porque sus empleadores les retuvieron el aporte y no lo depositaron en sus Cuentas Individuales de Capitalización (CIC).
A pesar del esfuerzo de cobranza a cargo de las AFP, e incluso de las acciones judiciales que realizan las nuevas autoridades para castigar a los malos funcionarios públicos, pareciera que el Poder Judicial no se pone en los zapatos del afiliado.Por ejemplo, llama la atención el caso de la Municipalidad de Magdalena, donde existe una deuda de más de S/ 32 millones de soles por falta de pagos a las AFP y ONP, cuyo proceso está estancado en el Ministerio Público.
A pesar de que existe un informe técnico elaborado por la Oficina de Peritajes del Ministerio Público que demostró que la gestión del exalcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, sí contaba con recursos económicos para pagar a las AFP y ONP los aportes para las futuras pensiones de sus trabajadores municipales y que la investigación fiscal ya concluyó; está pendiente el pronunciamiento definitivo de parte del fiscal Guillermo Sandoval Ruiz, titular del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Magdalena del Mar, San Miguel y Pueblo Libre. Es más, el plazo para el archivamiento de esta conducta delictiva está por vencer entre hoy y mañana, lo cual dejaría en impunidad las malas prácticas de los funcionarios públicos en contra de los miles de afiliados que se ven perjudicados con este accionar.Son 180 los trabajadores, en su mayoría de más de 50 años, los perjudicados con la política de no pago de pensiones que se ejecutó durante la gestión de Allison.
La millonaria deuda no solo perjudicará a los empleados respecto a su jubilación, sino también a los vecinos del distrito, debido a que el pago de impuestos municipales que hagan ahora, deberá ser destinado para cancelar las obligaciones que el exalcalde Allison no cumplió a lo largo de su gestión.Es imprescindible que el fiscal Guillermo Sandoval Ruiz cumpla con su labor de determinar si el caso pasará directamente a juicio oral o se dispondrá un requerimiento de acusación directa en virtud de que obraría en la carpeta fiscal suficientes y fundados elementos probatorios del uso indebido del dinero de los trabajadores.
