Carlos Jaico (*)
Tanto como la vacancia presidencial, la disolución de un Congreso es una situación perturbadora para la paz institucional que debe reinar en cualquier país. Pero, llegar a ese punto es una suerte de crónica de una muerte anunciada, por las razones que la van generando.
Una de ellas es la pugna por el poder. Nuestro atomizado sistema de partidos, ha generado una tal oposición entre actores políticos que la violencia y desprestigio del “enemigo”, parece ser la mejor arma para ganar votos. Esta actitud sólo exacerba los ánimos, haciendo que los consensos en favor del país sean imposibles, y los acuerdos se logren en función de intereses personalísimos. Esta posición destructiva, sigue contaminando el ambiente político al punto de hacerlo irreconciliable.
Como consecuencia de la pugna por el poder, dirigentes en búsqueda de financiamientos para su campaña y, algunos, para satisfacer apetitos financieros, aceptan la corrupción y el lavado de activos. En esta pendiente penal, todas las tendencias ideológicas están concernidas. De allí que la toma de organismos autónomos sean campos de batalla, donde se miden fuerzas, en una suerte de guerra fría entre poderes del Estado. Dicho sea de paso, fue la elección de magistrados del Tribunal Constitucional la que dio lugar a una cuestión de confianza y posterior disolución del Congreso.
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En esta vía de terca oposición se activan, sin remedio, los mecanismos constitucionales. Y de esto tenemos en superabundancia, al haber fabricado una constitución que mezcló sistema parlamentario y presidencial haciendo coexistir –sin lograrlo– a la vacancia, interpelación, censura, cuestión de confianza, voto de investidura, disolución, incompatibilidades, etc.
Esta confusión programada se explica si seguimos a Karl Loewenstein. Según su clasificación sobre las Constituciones, el texto de 1993 sería nominal por no obedecer a nuestra realidad. Luego sería semántica, porque sirvió como fundamento jurídico a un poder de facto. Así, desde 1993 el unicameralismo es un traje constitucional que no está hecho a la medida del Perú y lo mantiene en constante inestabilidad. En este camino, el bicameralismo que se debate actualmente en el Congreso mejoraría el balance de poderes y permitiría una mejor representación nacional. Esto sin contar con la necesaria visión de país y la mejora en la calidad de las leyes.
De cara al Bicentenario, son estos presupuestos los que deben permitir una mayor estabilidad institucional en el Perú.
(*) Jurista, escritor, catedrático y conferencista
