PRESIDENTA DEL PODER JUDICIAL, JANET TELLO, Y FISCAL DE LA NACIÓN, DELIA ESPINOZA, SE ALÍAN CONTRA EL PODER EJECUTIVO Y EL CONGRESO.
PACTO TAMBIÉN IMPLICA acosar judicialmente al Poder Ejecutivo y tumbar a la JNJ.
Aquelarre a la vista. Lapresidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, sostuvieron una reunión para analizar las implicaciones de las modificaciones que propone el Congreso a la Ley de Extinción de Dominio. Durante el encuentro, también participó el juez supremo Manuel Luján Túpez, de cuestionada gestión al frente de la Academia de la Magistratura.
Sin embargo, según fuentes de confianza, uno de los motivos de este encuentro entre ambas autoridades judiciales fue establecer y acordar una estrategia de acoso judicial contra el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo con el objetivo de debilitarlos y terminar de desacreditarlos ante la opinión pública.
Para ello, continuarán los infundamentadas denuncias constituciones contra los congresistas de la Repúblicas, así carezcan de reales sustentos y solo
al amparo de las publicaciones de medios de comunicación afines. En esa “línea de trabajo” también se buscará neutralizar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que a diferencia del anterior pleno, conformado mayoritariamente por elementos caviares, ahora sí aborda e investiga a losmagistrados supremos,en fiel cumplimiento de la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica. Para ello, como el manual caviar dicta, los medios de comunicación afines a la jueza suprema Tello Gilardi han iniciado una campaña de demolición en prensa y redes sociales contra algunos integrantes de la JNJ _incómodos a los intereses caviares y que no se dejan sorprender con falacias— y también ciertos funcionarios técnicos que, desde sus posiciones, buscan ordenar el caos administrativo heredado del anterior pleno de la JNJ.
En la reunión de dichas autoridades participó la jefa del gabinete de asesores del Poder Judicial, Susana Silva Hasembak, de conocida línea caviar que anteriormente fue pareja de Javier Ciurlizza Contreras, ex secretario técnico de la cuestionada Comisión de la Verdad, y, después de Gustavo Guerra García, personaje ligado a Fuerza Social y a la corrupta ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán.
Para el Ministerio Público el objetivo de la cita fue definir una estrategia conjunta frente a la iniciativa legislativa impulsada por el Congreso, la cual busca modificar la Ley de Extinción de Dominio. Según la Fiscalía, los cambios propuestos pondrían en riesgo la recuperación de bienes muebles e inmuebles utilizados para cometer delitos.
“Esta reforma debilitaría la lucha contra la corrupción y la criminalidad, afectando seriamente la eficacia de los procesos judiciales destinados a la recuperación de bienes ilícitos”, destacó el Ministerio Público a través de sus redes sociales.
El Congreso aprobó el 13 de diciembre pasado el dictamen del Proyecto de Ley N.° 3577/2022-CR, con 53 votos a favor, 44 en contra y 8 abstenciones.
Esta propuesta modifica el Decreto Legislativo N.° 1373, que regula la Extinción de Dominio, y tiene como fin definir con mayor claridad qué constituye una actividad ilícita, además de otorgar nuevas facultades al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).
Entre las modificaciones contempladas, el Congreso propone cambios en varios artículos del Decreto Legislativo, así como la inclusión del artículo 40-A, que establece que no será necesario contar con una sentencia firme para proceder con la extinción de dominio en casos relacionados con actividades como el tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, entre otros delitos graves.
A través de estas modificaciones, los procesos judiciales relacionados con delitos de gran envergadura podrían avanzar sin la necesidad de una sentencia definitiva, lo cual se considera una medida necesaria para agilizar la recuperación de bienes y combatir la impunidad.
Sin embargo, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público se muestran en desacuerdo con estos cambios, alertando sobre el impacto que tendría en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción en el país. Aunque este argumento cae en saco roto, porque realmente ambas instituciones presentan serias deficiencias que nada tienen que ver con las leyes aprobadas en el Legislativo.
Denuncia constitucional contra Espinoza
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez formuló una denuncia constitucional contra Delia Espinoza, la Fiscal de la Nación. La acusación se erige sobre la
presunta infracción constitucional y un abuso de autoridad que, de ser probado,
podría marcar un antes y un después en la actual relación entre el Ejecutivo y el
Poder Judicial.
La denuncia, interpuesta ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
del Congreso el lunes 17 de febrero, es un acto cargado de implicaciones.
Santiváñez no solo cuestiona el accionar de la fiscal, sino que va más allá,
solicitando su inhabilitación por un período de 10 años, un golpe fuerte que podría
alejarla del ejercicio de su función pública en caso de que se le dé curso.
El titular del Interior había presentado ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ)
una denuncia contra Espinoza hace una semana, cuando la fiscal le exigió, bajo
una presión de 48 horas, el acceso a su cuenta de iCloud para obtener información
del celular que él había entregado previamente formateado. Un pedido que ha
desatado toda una tormenta judicial.
