El instituto IDAT, la Universidad Peruano Alemana UPAL y la Universidad Politécnica Amazónica son solo algunos de los centros en disputa. Mientras la parlamentaria aseguró que son calumnias, la otra hija de su padre insistió en que “no parará de luchar”
La congresista Rosselli Amuruz implicada en otro escándalo en el que ha intervenido la Fiscalía de la Nación. Su media hermana, Rochel Amuruz, no solo la acusó de impedirle ingresar al funeral del padre que tienen en común, sino de presentar documentación falsa para apropiarse de la herencia millonaria, reveló un reportaje de Punto Final. Aunque la familia de la parlamentaria niega las acusaciones, a las que calificó de “falsas y calumniosas”, la otra Amuruz insistió en que “luchará hasta el final”.
A través de un video grabado el 19 de octubre de 2022, se evidenció el tenso momento que se vivió en el funeral del excongresista Roger Amuruz Gallegos. En dicho clip, Rochel Amuruz Sandoval, hija extramatrimonial del también empresario, intenta ingresar al velatorio, sin embargo, agentes de seguridad se lo impiden.
“Yo solo quería despedirme de mi padre, pero la seguridad me sacó como si fuera una criminal”, declaró Rochel en un reportaje de Punto Final. La mujer asegura que su media hermana, la congresista Rosselli Amuruz, y la viuda del empresario, Teresa Dulanto Vega, le negaron el acceso.
El 18 de octubre de 2022, Roger Amuruz falleció y dejó un patrimonio superior a los 800 millones de soles, con activos en instituciones educativas como el Instituto IDAT y la Universidad Politécnica Amazónica.
El conflicto familiar y legal inició con el funeral del empresario y excongresista Roger Amuruz Gallegos, realizado el 19 de octubre de 2022 en el Camposanto de Huachipa. La ceremonia, que debió ser un momento de despedida, fue escenario de un altercado protagonizado por la familia directa del difunto y su hija extramatrimonial, quien asegura que dieron órdenes de impedirle que participe.
“Yo fui al funeral con la esperanza de mostrarle mis respetos y ver a mi papá en su momento final”, relató conmovida. Según su versión, uno de los hombres de la seguridad vinculado a su media hermana, la congresista Rosselli Amuruz, le prohibió participar en la ceremonia mientras su entorno grababa el incidente. “Fue realmente aterrador, me trataron como si fuera una criminal”, expresó.
Rochel, nacida en Nueva Jersey hace 25 años, no habla español, pero su historia ha trascendido las barreras del idioma para emprender una batalla legal contra la viuda de Roger Amuruz, Teresa Dulanto Vega, y otros familiares, incluida la parlamentaria, acusándolos de falsedad y fraude procesal respecto al manejo del millonario patrimonio del empresario, que supera los 800 millones de soles. Entre los bienes destacan acciones de empresas como el Instituto IDAT, la Universidad Peruano Alemana UPAL y la Universidad Politécnica Amazónica y otras instituciones educativas.
DENUNCIA PENAL
En diciembre de 2022, Rochel presentó una denuncia penal ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina y Cieneguilla. En paralelo, su defensa halló serias irregularidades en documentos clave, como un acta que supuestamente certifica la donación de acciones de la Universidad Politécnica Amazónica, valorizadas en 35 millones de soles, transferidas a Rosselli Amuruz pocos días antes de la muerte de su padre.
“Este documento no cumple con las formalidades de ley. Necesita una firma legalizada y un control biométrico, pero lo que vemos aquí es una firma ilegible”, señaló Jorge Cueva Arana, abogado de Rochel, quien argumenta que la donación es falsa. Esta acta, expedida en julio de 2023, provocó más dudas, ya que se elabora justo después de la desestimación de la sucesión intestada presentada por la viuda, quien buscó que se desconozca a los hijos extramatrimoniales.
La historia también linda con lo político, pues, según los registros públicos, la congresista Rosselli Amuruz no habría declarado las acciones en sus declaraciones juradas de bienes y rentas de 2023 y 2024, pese a estar bajo el escrutinio de instituciones como la Contraloría. “Por un principio de transparencia, debería declarar su participación accionaria”, opinó la abogada penalista Liliana Calderón.
