LA FUGA DE FRANK DUCK PANTA VILLALTA revela graves deficiencias dentro del INPE, mientras el presidente del INPE señala a la PNP como responsable.
La reciente fuga del reo Frank Duck Panta Villalta, condenado a 20 años por robo agravado, ha intensificado las críticas hacia la gestión de Javier Llaque, presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
El escape, ocurrido el 12 de enero en el penal de Piura, dejó en evidencia graves deficiencias en el manejo interno de los penales, así como la incapacidad para prevenir estos incidentes.
Javier Llaque, cuestionado por su liderazgo, intentó desviar la atención del fracaso institucional al responsabilizar a la Policía Nacional del Perú (PNP) por no cumplir con la vigilancia del último anillo de seguridad. “La fuga no se hubiera consumado si la PNP cumplía su labor”, declaró. Sin embargo, la propia información del INPE revela que solo 4 de los 11 torreones del penal estaban vigilados, evidenciando una alarmante falta de personal y organización bajo su gestión.
A pesar de los intentos de culpar a la PNP, las críticas hacia Llaque se centran en las carencias estructurales del sistema penitenciario.
El hacinamiento extremo afecta a los penales del país, con una población penitenciaria de 99,600 internos en espacios diseñados para solo 41,700. Además, la insuficiencia de personal impide cubrir áreas estratégicas, como los torreones de vigilancia, lo que facilita este
tipo de incidentes. Esta fuga ha generado un llamado contundente a la destitución inmediata de Javier Llaque, cuya gestión ha quedado marcada por el caos en los penales y la falta de medidas preventivas eficaces. Mientras tanto, el INPE ha anunciado la rotación de personal y la asignación de 70 nuevos agentes penitenciarios al penal de Piura, medidas consideradas tardías e insuficientes frente a la magnitud del problema.
