Por: Armando Martín Barrantes Martínez. Magister en Gerencia Social PUCP.
Las denuncias sobre una presunta red de prostitución en el Congreso de la República, presuntamente liderada por funcionarios vinculados a Alianza por el Progreso, se han complicado debido a las contradicciones en las declaraciones del Oficial Mayor, Giovanni Forno, y del principal denunciado, el ex jefe de la Oficina Legal del Congreso, Jorge Torres Saravia, en la Comisión de Fiscalización.
Ambos funcionarios son personas de confianza del actual presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, quien milita y está afiliado a Alianza por el Progreso. Actualmente, una censura al presidente del Congreso no sería factible, ya que la legislatura y, por tanto, las sesiones plenarias recién se llevarán a cabo en la primera semana de marzo. Es imprescindible una investigación imparcial dentro del Congreso para esclarecer y sancionar estos hechos, que resultan profundamente repudiables. Sin embargo, dicha investigación podría ser presuntamente obstaculizada por los actuales funcionarios de confianza del Congreso.
Por ello, exigimos al señor Salhuana los siguientes puntos:
- Destituir inmediatamente al Oficial Mayor, Giovanni Forno.
- Remover a todos los funcionarios y cargos de confianza designados por el Oficial Mayor, Giovanni Forno, especialmente aquellos vinculados a Alianza por el Progreso.
- Presentar su renuncia como presidente del Congreso.
- Garantizar que los nuevos funcionarios designados en cargos de confianza del Congreso sean trabajadores de planta con estabilidad laboral, experiencia profesional idónea, un currículo impecable y sin ninguna denuncia en su legajo.
Es momento de que el Congreso actúe con transparencia y responsabilidad ante estas graves denuncias, demostrando un compromiso real con la ética y la lucha contra la corrupción. El Poder Legislativo es una institución fundamental de la democracia, consagrada en la Constitución y guiada por el principio de separación de poderes para garantizar el bienestar de los ciudadanos. Por ello, no puede estar presidida por una persona ni representada por un partido que, de manera sistemática, está deslegitimando su credibilidad, fomentando así un entorno donde la población puede inclinarse hacia personajes fascistas, comunistas, irresponsables, violentos y antidemocráticos, vinculados a la minería ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado internacional.
Los ciudadanos merecen respuestas claras y acciones contundentes que garanticen la integridad de esta institución clave para la democracia.
