Betssy Chávez secuestrada por Juez Juan Carlos Checkley

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A PESAR DE HABER VENCIDO SU PRISION PREVENTIVA, JUEZ CHECKLEY NO ORDENA SU LIBERACION INMEDIATA

Plazo de prisión preventiva venció el jueves 19 de diciembre, por lo que el abogado de la expremier, Raúl Noblecilla, denunciará al juez supremo Juan Carlos Checkley.

El 20 de junio de 2023, Betssy Betzabet Chávez Chino, expremier del gobierno de Pedro Castillo, fue sometida a prisión preventiva por 18 meses bajo las acusaciones de rebelión y conspiración relacionadas con los eventos del 7 de diciembre de 2022. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, encabezada por el juez César San Martín Castro, dictó esta medida, la cual para Raúl Noblecilla, abogado de la excongresista, se hizo “sin presentar fundamentos jurídicos sólidos”.
“Desde el inicio, se evidenció que esta decisión respondía más a intereses políticos que a consideraciones legales”, alega Noblecilla.
SECUESTRO POLÍTICO
El mandato de prisión preventiva expiró el 19 de diciembre de 2024 a las 23:59 horas, esto es, por ley a las 00.00 horas del viernes 20 de diciembre debió de salir libre la expremier Betssy Chávez.
Sin embargo, Chávez Chino sigue privada de su libertad debido a la decisión “arbitraria” del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien ha programado una audiencia para el 26 de diciembre para evaluar una solicitud de prórroga presentada por la Fiscalía.
Los abogados Raúl Noblecilla Olaechea, Luis Barranzuela Vite y César Romero Valdez enviaron una carta al juez Checley Soria del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, en la cual podemos leer: “Desde este instante, cualquier privación de libertad más allá del plazo establecido constituye una detención arbitraria y una vulneración grave de sus derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política del Perú y los tratados internacionales en materia de derechos humanos”.
FISCALÍA LOCUTA, CAUSA
FINITA
En una suerte de mesa de partes, el Poder Judicial suele jugar a la pared con la Fiscalía, pues si la Fiscalía manda, los jueces acatan y este caso no es la excepción. El Ministerio Público, como si esperase hasta el último momento, solicitó una ampliación de 18 meses más de la prisión preventiva que pesa contra Betssy Chávez Chino, exministra de Trabajo y de Cultura, quien actualmente se encuentra recluida en el Establecimiento Penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos.
El requerimiento fue presentado ante el juez supremo Checkley, quién programó audiencia virtual para evaluar la solicitud el 26 de diciembre a las 12:30 p. m. Según la lógica, la expremier Betssy Chávez tendría que haber salido libre el pasado viernes 20 de diciembre y asistir a la audiencia del próximo 26 de diciembre en total libertad sin ningún inconveniente. Empero, el criterio del juez Checkley es otro.
Según el magistrado, ante el pedido de la Fiscalía, se debe tener primero la audiencia y luego decidir su liberación o no. “No existe ningún mandato contra Betssy Chávez”, argumenta Raúl Noblecilla; “el mandato ha vencido el 19 de diciembre, pero con el cuento de que la Fiscalía pidió audiencia, la mantienen encerrada”.
“La Fiscalía puede pedir misa”, ironiza Noblecilla, “pero el juez no podría pasar la audiencia tiempo después de que ya venció una restricción contra un derecho fundamental que es tan importante como la vida misma: la libertad”.
Este hecho supone para la defensa técnica de Chávez Chino “una arbitrariedad, una clara violación de los derechos fundamentales de mi defendida y del debido proceso”, alega Noblecilla, lo que da un claro mensaje:“los jueces pueden actuar al margen de la ley cuando existen presiones políticas”.

ENTREVISTA A RAÚL NOBLECILLA
DU: ¿Qué acciones legales está impulsando la defensa?
RN: Estamos presentando una denuncia penal contra varias autoridades judiciales, como el juez Juan Carlos Checkley, por delitos de prevaricato y abuso de autoridad. Estas acciones
son fundamentales para frenar los atropellos cometidos contra Betssy Chávez y para sentar un precedente que garantice el respeto al debido proceso y sobre todo al reconocimiento y protección de los derechos humanos. El lawfare es inaceptable.
DU: ¿Cómo afecta este caso la percepción del sistema de justicia en el Perú?
RN: El caso de Betssy Chávez evidencia cómo el sistema judicial peruano ha sido capturado por intereses políticos y económicos. La justicia, que debería ser un pilar de imparcialidad, se ha convertido en una herramienta para perseguir a opositores y proteger a los
poderosos. Esto genera una desconfianza creciente en la ciudadanía, que percibe
cómo se utilizan los tribunales para criminalizar la disidencia mientras se ignoran los verdaderos casos de corrupción y abuso de poder, así como la criminalidad: extorsión, sicariato, etc.. Este deterioro institucional afecta no solo a Betssy Chávez, sino a todo el sistema democrático peruano. Urge una reforma total del sistema de justicia peruano.
DU: ¿Qué mensaje quiere transmitir al pueblo peruano?
RN: Mi mensaje es claro, la lucha por la justicia y la democracia no puede ser abandonada. Lo que está ocurriendo con Betssy Chávez es un recordatorio de que nadie está exento de ser víctima de un sistema judicial instrumentalizado. Hoy es ella; mañana podría ser cualquier ciudadano que se atreva a cuestionar a los poderosos. Exhorto al pueblo peruano a mantenerse vigilante y unido para exigir un sistema judicial independiente y transparente. Defender a Betssy Chávez es defender los derechos fundamentales de todos.

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