VIZCARRA QUERÍA SER “OTORONGO”, PERO EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECHAZÓ SU PEDIDO PARA ASUMIR CARGO DE CONGRESISTA
Su objetivo es evitar la condena de quince años de prisión por recibir coimas en Moquegua.
Seguirá siendo un ciudadano más. El Tribunal Constitucional rechazó un recurso que presentó el expresidente Martín Vizcarra (a) Lagarto para que se le permita asumir el cargo de congresista de la República, para el que recibió una importante cantidad de votos en el 2021, pero que no pudo ocupar por haber sido inhabilitado en el Congreso para ejercer cargos públicos por diez años.
En esa línea, el Tribunal Constitución declaró infundada una demanda de amparo presentada por Vizcarra y la ciudadana Ángela Escobar Yáñez, quien argumentó que se había vulnerado su derecho constitucional a elegir, contra una resolución emitida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que decidió no otorgarle las credenciales oficiales de legislador al ex jefe de Estado.
Los magistrados resolvieron que el jurado electoral solo aplicó la medida que tomó el Congreso, en abril de 2021, de inhabilitar a Vizcarra para ejercer cargos públicos por haber cometido una infracción a la Constitución Política del Perú.
“Esta resolución legislativa resulta válida, en tanto su contenido no ha sido declarado nulo por autoridad jurisdiccional ni por el propio Congreso de la República”, se remarca.
El máximo intérprete de la Constitución aclaró que la demanda de amparo solo se refirió a la resolución que impidió que el exmandatario (2018-2020) asuma como congresista, más no a la decisión legislativa que lo inhabilitó.
En ese sentido, Martín Vizcarra anunció en septiembre pasado que había presentado un recurso de agravio constitucional para que se pida al TC que emita una resolución de fondo sobre su inhabilitación, luego que el Poder Judicial ratificara, el 1 de septiembre, la sanción que le impuso el Congreso por presuntamente haberse vacunado de manera irregular contra la covid-19, en octubre de 2020. Tras conocerse esa decisión judicial, el expresidente anunció que pensaba acudir ante el Tribunal Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que no tiene “la menor duda” de que “las inhabilitaciones serán levantadas por ser de justicia” y podrá postular en las elecciones generales peruanas del 2026.
INHABILITADO
Y PROCESADO
Además de su inhabilitación de diez años, sobre el “Lagarto” pesa otra inhabilitación para el ejercicio de la función pública por cinco años, esta vez en su condición de exministro de Transportes y Comunicaciones, por la presunta infracción del artículo 126 de la Constitución Política del Estado.
En el informe final que sustentó su inhabilitación se concluyó que
Martín Vizcarra cometió infracción constitucional en cuanto a la prohibición de intervenir en la dirección o gestión de empresas y asociaciones privadas. La denuncia constitucional fue presentada por la excongresista Yeni Vilcatoma de la Cruz en el 2019 quien dijo que Vizcarra no renunció a sus acciones en la empresa C y M Vizcarra SAC cuando ejerció el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones.
Será sentenciado el 2025 por recibir coimas
El presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, César Sahuanay, confirmó que la sentencia en el juicio contra el expresidente Martín Vizcarra, vinculado al caso Lomas
de Ilo y Hospital de Moquegua, debería emitirse en 2025, en el que todos los testigos confirmaron que recibió coimas por más de un millón de soles.
“Entiendo que la sentencia debe darse el próximo año por la cantidad de procesados”, explicó al referirse a la investigación que involucra al exmandatario, quien es acusado por el presunto delito de cohecho pasivo propio.
La Fiscalía solicitó una condena de 15 años de prisión para el exjefe
de Estado, debido a presuntas irregularidades cometidas durante su
gestión como gobernador regional de Moquegua, entre 2011 y 2014. Además, el Congreso oficializó una acusación penal en su contra por delitos de corrupción, por la presunta contratación irregular durante su mandato del cantante Richard Swing, con el que supuestamente tenía cercanía, por el Ministerio de Cultura.
Según un informe publicado por el portal Convoca, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que considera público el Acuerdo de
Colaboración Eficaz con la empresa Odebrecht ha abierto la puerta a que procesados por el caso Lava Jato soliciten los acuerdos de colaboración que contienen las pruebas principales de su acusación.
El primero que ha dado el paso ha sido el expresidente Martín Vizcarra. Con fecha el 18 de diciembre, Vizcarra ha realizado dos peticiones a la Procuraduría General del Estado invocando no solo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sino también la sentencia del Tribunal Constitucional que considera público el acuerdo de
colaboración eficaz con Odebrecht. El abogado de Martín Vizcarra,
Erwin Siccha, sostiene que los colaboradores eficaces de ICCGSA ya han desvelado su identidad y que, según el precedente marcado por el TC en su sentencia, este acuerdo ya no sería reservado.
El acuerdo de colaboración entre el Ministerio Público e ICCGSA fue aprobado por el Poder Judicial el pasado de 26 de noviembre. La empresa admitió delitos de corrupción en 19 proyectos y también su participación en el llamado “Club de la Construcción”, al reconocer su intervención en 34 licitaciones públicas con el fin de dar la apariencia de competencia. Este acuerdo establece que la constructora deberá pagar una indemnización de más de S/181 millones en un plazo de 10 años.
