Al reconocer en el caso Rivero Lazo, que todas las condenas se funden en la pena mayor de 25 años de prisión, el ex asesor presidencial dejará la Base Naval del Callao en junio de 2026.
La sentencia del Tribunal Constitucional que ordenó la inmediata libertad del ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Juan Rivero Lazo, también asegura la excarcelación por pena cumplida del ex asesor presidencia y jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos Torres, el 24 de junio de 2026.
Es decir que dentro de un año y seis meses, en pleno proceso nacional de Elecciones, Montesinos Torres volverá a la calle, sin que nada se lo pueda impedir, pues habrá cumplida todas y cada una de las condenas que se le ha impuesto o se le podría imponer por delitos de corrupción de funcionarios y graves violaciones a los derechos humanos.
Al igual que sucedía con Rivero Lazo, en la sentencia por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Fortunato Gómez Palomino, caso «El Evangelista», el Poder Judicial rechazó la refundición de penas y estableció que esta condena se cumple independientemente, a partir de su propio mandato de detención, que para este crimen fue el 29 de enero de 2008.
El razonamiento del TC y las críticas al Poder Judicial
La Corte Suprema había rechazado la refundición de penas argumentando que delitos como la desaparición forzada son de carácter permanente y que su prescripción no concluye hasta que se encuentren los restos de las víctimas. En el caso de Fortunato Gómez Palomino, sus restos fueron hallados en 2012, mucho después de los crímenes originales.
Sin embargo, el TC precisó que “si bien el delito de desaparición forzada es permanente, este criterio fue introducido mediante un tratado internacional ratificado por el Perú en 2002, una norma que no estaba prevista en nuestro ordenamiento jurídico al momento de los hechos”. Por tanto, concluyó que la unificación de penas debía respetar las normas vigentes al momento de los crímenes.
Montesinos y su camino hacia la libertad
Vladimiro Montesinos, quien cumple una condena acumulada por múltiples crímenes, verá sus penas subsumidas en la mayor de ellas: los 25 años impuestos por los homicidios calificados de los casos Barrios Altos, Pedro Yauri y El Santa. La decisión del TC en el caso de Rivero Lazo crea un precedente que, según los analistas, inevitablemente beneficiará a Montesinos.
La fecha de excarcelación prevista para Montesinos, el 24 de junio de 2026, coincide con el período electoral, un hecho que genera preocupación por las posibles implicancias políticas de su liberación.
El contexto de la Ley 31181 y el beneficio adicional para Montesinos
Además de este fallo, Montesinos podría beneficiarse de la Ley 31181, promulgada en diciembre de 2023 por la presidenta Dina Boluarte. Esta norma permite que personas mayores de 80 años cumplan el resto de sus penas en arresto domiciliario bajo ciertas restricciones. Montesinos cumplirá 80 años el 20 de mayo de 2025, lo que lo haría elegible para este beneficio un mes después.
“Toda persona sentenciada mayor de 80 años podrá cumplir su pena bajo cuidado domiciliario o en una vivienda determinada por el juez”, señala la ley. Para acceder a este beneficio, Montesinos deberá cumplir requisitos como pagar una fianza y aceptar restricciones de movimiento.
Impacto político y social
La liberación de Vladimiro Montesinos tendría profundas repercusiones políticas y sociales. Como arquitecto del sistema de corrupción y violaciones de derechos humanos durante el régimen de Alberto Fujimori, Montesinos es una figura ampliamente repudiada en el país. Su posible liberación ha generado preocupación en organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil, quienes consideran que estos fallos podrían debilitar la lucha contra la impunidad.
Por otro lado, la defensa de Montesinos y de otros involucrados en crímenes similares sostiene que el fallo del TC no implica impunidad, sino el respeto a las normas legales vigentes al momento de los hechos.
El Grupo Colina y las consecuencias de la decisión
Además de Montesinos, otros miembros del Destacamento Colina, como Santiago Martín Rivas, también podrían beneficiarse de esta sentencia. Estos casos subrayan la controversia en torno a la refundición de penas, un tema sobre el cual existen posturas encontradas en el Poder Judicial.
La Cuarta Sala Penal Nacional Liquidadora, por ejemplo, ya había aplicado la refundición de penas en casos como Caraqueño-Pativilca (6 asesinatos) y La Cantuta (10 asesinatos y desapariciones), permitiendo que Montesinos viera cumplidas algunas de sus condenas desde 2001. Ahora, con este nuevo precedente, el camino hacia su excarcelación parece inevitable.
El caso de Vladimiro Montesinos simboliza las tensiones entre la justicia y la política en el Perú. Su liberación en 2026, o incluso antes bajo la Ley 31181, plantea preguntas fundamentales sobre la capacidad del sistema judicial para equilibrar la legalidad con las demandas de justicia social.
