En un momento en el que la transparencia y la ética son más necesarias que nunca en la política peruana, la figura de Carmen Vegas Guerrero emerge como un recordatorio de las sombras que aún persisten en el panorama político nacional. Su afiliación al partido fujimorista Fuerza Popular entre 2020 y 2022, sumada a su candidatura como regidora de la Municipalidad de Lima en 2018, la vinculan directamente con una agrupación política cuyo pasado sigue siendo objeto de cuestionamientos.
La trayectoria de Vegas como asesora de la excongresista Úrsula Letona en la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE, desde marzo de 2017, plantea serias dudas sobre la integridad de sus acciones. Letona, quien ha sido señalada por su cercanía con el escándalo de Lava Jato a través de su esposo, José Guzmán, representa un vínculo directo con un legado de corrupción que ha marcado la política peruana.
El rápido ascenso de Vegas al Módulo de Apoyo al Trabajo de la Organización Parlamentaria y, posteriormente, como asesora del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, en un momento en que Letona era vocera de la bancada naranja, evidencia su lealtad a un partido con un historial de controversias. Esto pone de manifiesto la falta de renovación en la política peruana y la perpetuación de prácticas cuestionables.
Hoy, como viceministra de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario del MIDAGRI parte de la gestión del ministro Ángel Manero, Carmen Vegas Guerrero, sigue siendo una figura polémica. Su nombramiento viene generando preocupación, especialmente en un contexto donde los pequeños productores agropecuarios y la agricultura familiar enfrentan serios desafíos.
Una gestión desconectada de la realidad
Según Numa Pompilio Romero, presidente de la Cámara Peruana de Productores Agropecuarios, la actual gestión del MIDAGRI no ha logrado avances significativos en beneficio de estos sectores. A pesar de contar con funcionarios que han ocupado diversos cargos, los resultados tangibles siguen siendo inexistentes.
“La situación de los micro y pequeños productores agrarios es crítica. A pesar de los cambios en el gabinete del MIDAGRI, no se han implementado políticas coherentes que aborden sus necesidades. Un ejemplo claro es el acceso a préstamos, donde se exige no estar registrado como deudor en el INFOCORP. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿qué agricultor puede estar libre de deudas tras enfrentar los efectos de la pandemia? ¿Cómo se espera que presenten un historial crediticio sólido en estas circunstancias?”, sostiene Numa Romero.
Además de enfatizar que las políticas actuales parecen estar desconectadas de la realidad que enfrentan los productores. Señala también la urgencia de implementar estrategias efectivas que realmente atiendan sus necesidades, en lugar de perpetuar un ciclo de ineficiencia y desatención.
Una alternativa desde el sector privado
Ante esta situación, la Cámara Peruana de Productores Agropecuarios, ha decidido tomar acción. Actualmente, está implementando un programa de formalización y desarrollo empresarial dirigido a los productores agrarios que no tienen acceso a créditos. Este programa busca integrarlos a la cadena productiva empresarial, permitiéndoles cultivar productos de calidad exportable.
El dirigente agrario, resalta que el objetivo es mejorar la situación económica de los pequeños productores y facilitar su acceso a financiamiento, algo que el Estado no ha logrado proporcionar.
