Por Armando Martín Barrantes Martínez. Magister en Gerencia Social PUCP.
Conversando con un taxista, mientras me dirigía a una reunión con dirigentas de ollas comunes, me sorprendió con una pregunta inesperada: “¿Qué tienen en común el actual ministro de educación del gobierno de Dina Boluarte y una desatinada modista?”. Intrigado, le respondí que no sabía. Su respuesta fue tan contundente como desconcertante: «Ambos terminan hablando huevadas».
La comparación, aunque informal, tiene un trasfondo revelador. Por un lado, está Quero, el ministro más cuestionado, servil y adulador del gabinete de Dina Boluarte, quien hizo declaraciones aberrantes al sugerir que las violaciones de niñas awajún formaban parte de una supuesta “práctica cultural”. Además, con total desparpajo y un tono de violencia matonesca que lo caracteriza, afirmó que los derechos humanos no son para las “ratas”, en alusión a los peruanos fallecidos durante las protestas contra el gobierno de su jefa Dina Boluarte. Estas palabras, además de ofensivas, evidencian una alarmante desconexión con la realidad y una flagrante falta de respeto hacia los derechos humanos. Morgan, más que ministro, debería ser internado y evaluado psiquiátricamente.
Por otro lado, está la diseñadora Anís Samanez, quien afirmó que las mujeres shipibo-konibo deberían entregarle gratuitamente sus técnicas ancestrales de arte kené, como si este valioso patrimonio cultural no tuviera ningún derecho de reconocimiento ni compensación. Esta declaración perpetúa una lógica colonialista y extractivista disfrazada de interés cultural, donde las comunidades indígenas son vistas como una fuente inagotable de recursos para el beneficio de otros.
Ambos casos comparten más que la falta de sensibilidad: exhiben cómo figuras públicas en posiciones de poder, privilegiadas o influencia pueden perpetuar discursos que dañan y desvalorizan a las comunidades más vulnerables del país. Lo más grave es que estas acciones y palabras no solo pasan impunes, sino que son activamente protegidas por sectores de castas de poder.
Quero, como ministro de Educación, cuenta con el blindaje de un Congreso dominado por fuerzas políticas como APP y Fuerza Popular, que priorizan sus intereses sobre la justicia. Por su parte, Anís Samanez goza del respaldo de revistas élites de moda y círculos mediáticos que eluden cuestionar el impacto de sus palabras.
Mientras escuchaba al taxista, no podía evitar reflexionar sobre lo dañino de estas actitudes, especialmente en un país que debería esforzarse por unir, proteger y valorar su diversidad cultural. Declaraciones como estas, lejos de construir un Perú inclusivo, refuerzan las divisiones y la exclusión que tanto daño nos han hecho. Estos ejemplos muestran cómo el poder y el privilegio pueden ser usados para justificar lo injustificable y perpetuar dinámicas de exclusión en un país que debería esforzarse por valorar y proteger su diversidad cultural, en lugar de explotarla.
Un Perú verdaderamente unido solo será posible cuando todas sus voces, especialmente las de las comunidades más vulnerables, sean escuchadas, respetadas y valoradas.
