Envían carta a Salhuana para corregir norma que solo favorece a los agroexportadores.
Diversos gremios de agricultores solicitaron incorporar el Capítulo VII referido al sistema de promoción y financiamiento para los pequeños productores, retirados inconsultamente del dictamen del proyecto de ley n.° 8924 “Ley que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario con protección social hacia la agricultura moderna”, conocida como la “Ley Chlimper 2.0”.
En ese sentido, la Asociación de Productores y Agroexportadores de Ancash le recordó al presidente de la Comisión Agraria del Congreso de la República, Eduardo Castillo Rivas,
forma parte de la Comisión Técnica Nacional del proceso de elaboración, consulta, socialización y validación del PL 8924 entre otros proyectos de ley relacionados a la “transformación agraria”.
Según la carta dirigida al parlamentario, el gremio expresa su “malestar y preocupación por la exclusión del capítulo VII”, referido al sistema de promoción y financiamiento para los pequeños productores, retirados del dictamen del proyecto de ley n.° 8924”, que representa el único capítulo que beneficiaba realmente na la “agricultura familiar” y/o “pequeña agricultura”. A entender del gremion de pequeños productores agrarios, la agricultura familiar requiere “un sistema financiero agrario para garantizar la transformación tecnológica de su proceso productivo, asegurar la calidad y cantidad requeridas para competir en los mercados locales, nacional y mundial”.
Sin este instrumento legal, subrayan, “no hay razón” de formular una ley referida a la transformación agraria donde el beneficiario sea el pequeño agricultor; por lo tanto, se convierte en una ley “exclusiva y excluyente cuyo único grupo beneficiario es la gran agricultura”, referencia al dictamen aprobado en la Comisión Agraria.
MÁS OBSERVACIONES
En la carta también indica que el “dictamen final no recoge temas sustanciales relacionados a desarrollar, transformar, modernizar, reformar o mejorar la agricultura familiar, ya que requiere plantear las condiciones normativas sustanciales referidas a la seguridad hídrica agraria que garantice el acceso al recurso hídrico de calidad”.
La seguridad hídrica permitirá promover intervenciones públicas y privadas para garantizar la disponibilidad hídrica en cantidad y calidad, así como promover las condiciones para la “transformación tecnológica de proceso productivo”, el procesamiento primario y la industrialización especialmente relacionado a la “agricultura familiar”.
Otro punto sustancial es que el dictamen “no considera la articulación al mercado local y nacional en mejores condiciones para el pequeño productor, donde el estado promueva el acercamiento entre el productor y el consumidor. Igualmente, “falta desarrollar un marco legal para un sistema financiero agrario que debe diferenciar productos y procesos financieros públicos y privados dirigida a tres grupos de productores (agricultura familiar, agricultura en proceso de capitalización o transición y la gran agricultura de agroexportación), que parcialmente recogía el capítulo VII retirado del dictamen final”.
Carta a Salhuana
revela malestar
A través de una misiva enviada al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, diversos grupos de pequeños agricultores también expresaron su “malestar por la no incorporación del capítulo sobre el sistema de promoción y financiamiento para los pequeños productores, el cual contiene los artículos referidos a la promoción y estructuración financiera para la pequeña agricultura”.
La carta indica que el capítulo retirado “representa un mecanismo único y adecuado que beneficia realmente a la pequeña agricultura y a la agricultura familiar en su proceso de asociatividad y capitalización que se requiere para contar con un sistema de financiamiento eficaz, eficiente y moderno, que hoy no se tiene”.
El marco legal actual para “sistema financiero agrario del pequeño productor” que incluye productos y procesos financieros públicos y privados dirigidos a la pequeña agricultura y a la agricultura familiar, no permiten procesos de capitalización o transición, diferenciándolos de la gran agricultura moderna de agroexportación y agroindustria. Sin el mencionado mecanismo de financiamiento para el pequeño agricultor asociado y capitalizado, no es posible acelerar un proceso moderno de transformación agraria.
En caso contrario, se afectará a los más de dos millones de pequeños agricultores (que equivalen a más de 6 millones de pobladores que dependen de la agricultura como actividad principal) y se perderá la oportunidad de incorporar aceleradamente a la pequeña agricultura a la modernidad, más allá de alejarse del desarrollo eficaz y eficiente que requiere impostergablemente el agro peruano.
Para los gremios esta situación “terminará favoreciendo a quienes quieren mantener a los agricultores pobres, sin futuro y maniatados por ideologías que generan el caldo de cultivo para la pobreza y el subdesarrollo de los ciudadanos”. El documento lleva la firma de la Junta de Usuario del Sector Hidráulico Menor Chira, Asociación de Productores y Agroexportadores de Áncash, Central de Organizaciones Agrarias Pangoa-VRAEM, Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, Perú Justo & Orgánico.
