Juan Carlos Ticona Castro, un abogado peruano cuya carrera parece más sacada de una película de intriga, sigue moviendo los hilos en el mundo deportivo de su país, a pesar de ser sancionado por «mala práctica profesional» y condenado a 9 años de prisión. Su vinculación con Alberto Munar, presidente de la Asociación Deportiva Anticorrupción (ADA), ha generado gran controversia, pues ambos han estado presentes en diversas actividades políticas y deportivas, como su reciente visita al Congreso para promover una polémica reforma de la Ley del Deporte.
Lo más sorprendente es que, a pesar de su condena y destitución del Registro Nacional de Abogados Sancionados, Ticona sigue jugando un papel activo en el proceso electoral de la Federación Deportiva Peruana de Bádminton (FDPB), enviando cartas clave y vinculándose con la lista de candidatos en la que Munar también aspira a ser secretario. Además, Ticona ha ejercido como abogado en varios casos donde Munar está involucrado, lo que refuerza aún más las dudas sobre sus verdaderas intenciones.
Este escenario deja en evidencia la contradicción entre la lucha contra la corrupción que promueve la ADA y la presencia de un abogado sancionado en su círculo más cercano. La situación no solo plantea interrogantes sobre la transparencia de las reformas deportivas, sino que también refleja cómo, en ocasiones, las sombras de la corrupción se entrelazan con los esfuerzos por erradicarla.
La presencia de Ticona en estos escenarios, a pesar de su historial y las sanciones en su contra, pone en tela de juicio si realmente se está luchando contra la corrupción en el deporte o si simplemente se está simulando un cambio para beneficiar intereses personales.
