Temen creciente aceptación social del líder Antauro Humala, excluido por el Poder Judicial.
En un amplio gesto de libertad, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, anunció que su institución publicará este fin de semana un informe sobre la decisión del Poder Judicial de declarar la ilegalidad de la organización política Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros
(A.N.T.A.U.R.O.), vinculada a Antauro Humala Tasso.
En RPP TV, el exparlamentario estimó que la opinión institucional puede agradar a un sector, así como desagradar a otro; sin embargo, insistió en que se trata de un informe “contundente y muy jurídico”. “La prerrogativa no puede estar más allá del derecho”,
afirmó.
Sin embargo, sus palabras merecieron las críticas de algunos sectores conversadores, vinculados a la derecha tradicional y oligárquica, que ven en el líder etnocacerista un peligro para el país y la sociedad sin tomar en consideración ciertos aspectos inherentes a la libertad política y de expresión.
“Estoy convencido de algo, que la objetividad es la que tiene que primar cuando uno ejercita la función y el análisis jurídico […]. Usted tiene derechos, yo tengo derechos, pero aparte la autoridad que ejerce la función tiene prerrogativa, la prerrogativa no puede estar más allá del derecho”, declaró.
“Lo que les estoy diciendo es que nuestro pronunciamiento no pretende satisfacer el deseo de las personas que puede ser a favor o en contra, ni tampoco de los partidos políticos. Nosotros queremos hacer que nuestro informe sea muy objetivo y serio, que se resista en el tiempo”, agregó.
Gutiérrez Cóndor señaló que con la cancelación partido político y el cierre de sus partidos se vulneran los derechos a los militantes a ser escogidos para un cargo
público (congresista, gobernador, alcalde, etc.), por lo que fue enfático al señalar que existiría un “abuso de derechos” en este caso.
“Le pongo un ejemplo simple. De las decenas de miles que pueden estar inscritos en ese partido, si uno de ellos aspiraba a postular a congresista o gobernador o alcalde al eliminar ese partido, lo estás perjudicando a esa persona. Esa persona no se inscribió por el señor Antauro o por el señor Pérez Chupinbagua. No, ¿sabe por qué se inscribió? Por el ideario, por el programa y por lo que representa jurídicamente ese partido [sic]”, apuntó.
“CONTRA EL ABUSO”
Complementó que la posición institucional de la Defensoría del Pueblo está en contra del abuso de los derechos y de la instrumentalización de la justicia. “Entonces, ¿yo le voy a condenar a ese señor para que no postule?, ¿sabes cómo se llama? Abuso de derechos y
nosotros, como Defensoría, estamos en contra de eso”, prosiguió.
“Más que Antauro Humala, yo me refiero a decenas de miles de personas que se han inscrito en un partido con el sueño de ser elegido y elegir y es un derecho constitucional que ni el Poder Judicial ni nadie puede proscribir, eso se llama abuso de derecho”, finiquitó.
Critican posible eliminación de la JNJ
El expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, sostuvo que la propuesta de eliminación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y crear la Escuela de la Magistratura, emprendida por el Congreso de la República, se percibe como una solución “parche”. “En lugar de hacer ajustes superficiales, es necesario un enfoque más profundo, que incluya la reforma de las leyes orgánicas, los códigos procesales y los mecanismos de control y fiscalización”, declaró.
García Toma criticó que el Congreso no haya consultado a todos los actores clave, como los colegios de abogados, quienes están directamente involucrados y afectados por el sistema de justicia. Por último, insistió que una reforma apresurada podría no ser la mejor solución, y subrayó la importancia de abordar el asunto con mayor serenidad y prudencia para evitar soluciones superficiales que no aborden el problema de fondo. “Es necesario
repensar la forma en que se eligen y supervisan a los jueces”, afirmó.
En tanto, el jurista Samuel Abad y el Colegio de
Abogados de Lima (CAL) coincidieron en señalar que
la provisionalidad en el sistema judicial no será resuelta mediante esta iniciativa legislativa. Según las
estadísticas, alrededor del 40 % de jueces y fiscales
ocupan cargos provisionales. “La creación de una
Escuela Nacional de la Magistratura no abordará
este problema de fondo”, precisa el comunicado del
gremio de abogados. En la víspera, el Defensor del
Pueblo, Josué Gutiérrez, rechazó los cuestionamientos
referentes a una falta de transparencia en proceso
de elección de la JNJ.
