• Proyecto Perú Social de la Unión Europea es una ambiciosa propuesta para acompañar al gobierno peruano en la mejora de los sistemas de protección social y la promoción del empleo decente.
El jueves 24 de octubre la Unión Europea lanzó el proyecto Perú Social, una propuesta ambiciosa para que los sistemas de protección social y de apoyo al empleo decente en el Perú provean mayores beneficios a la población más vulnerable sin distinción de género, etnia o nacionalidad.
“El proyecto Perú Social es una prioridad para nosotros porque acompañamos al Perú en sus esfuerzos por formalizar el empleo. Queremos que más trabajadores y trabajadoras, incluso los más vulnerables y los migrantes, accedan a derechos básicos y contribuyan a fomentar una economía más inclusiva, competitiva y resiliente para el Perú”, afirmó Jonathan Hatwell, Embajador de la Unión Europea en Perú.
Asimismo, subrayó que la formalización es esencial para garantizar derechos y promover el desarrollo económico y la institucionalidad. “Recordemos siempre que la seguridad social es un derecho humano y no una concesión, sin embargo, sin empleo formal y trabajo decente, es difícil garantizar este derecho”, resaltó.
Esta innovadora iniciativa, cofinanciada por la Unión Europea y la cooperación alemana para el desarrollo, contará con un presupuesto de más de 15 millones de euros y será implementada por la Organización Internacional Ítalo Latinoamericana (IILA), en asociación con la Fundación AVSI, y por la GIZ.
Desde 2024 y por un espacio de cuatro años el proyecto Perú Social va a trabajar con un grupo de instituciones públicas peruanas en asociación con actores sociales, el sector privado y la academia, en la construcción e implementación de nuevas propuestas de política públicas y programas alrededor de la protección social y el empleo decente.
El problema de la informalidad
La informalidad laboral y empresarial en el Perú representa uno de los mayores desafíos para el desarrollo económico y social. De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), en 2022, la informalidad laboral afectó a cerca de 13.4 millones de trabajadores, lo que corresponde al 75.7% de los empleos a nivel nacional. Esta situación, además de afectar mayoritariamente a la población más vulnerable, como mujeres, jóvenes, adultos mayores y migrantes, afecta la recaudación tributaria, así como la competitividad y productividad del país.
En ese sentido, el Embajador Hatwell resaltó la iniciativa Global Gateway de la Unión Europea, estrategia global para promover inversiones sostenibles y equitativas. “A través de esta, apoyamos proyectos que generan crecimiento económico, fortalecen la gobernanza y fomentan la formalización, contribuyendo así a la creación de empleos dignos”, finalizó.
