Pese a que Congreso aprobó ayer
modificaciones a la norma, letrado recomienda
que la persona afectada debe formular una
denuncia contra el mencionado magistrado.
En entrevista con Diario UNO, dice que supone
una actuación prevaricadora “porque está yendo
contra el texto expreso de la Ley Orgánica del PJ”.
El polémico juez Richard Concepción Carhuancho decidió inaplicar la Ley 32108 de organización criminal para el caso ‘Los Waykis en la Sombra’, argumentando que la norma fue promovida con el objetivo de beneficiar a su autor, el legislador Waldemar Cerrón, quien enfrenta investigaciones por organización criminal y tráfico de influencias en el contexto del caso ‘Los Dinámicos del Centro’. Según Concepción, esta Ley no cumplió con los principios constitucionales de legislar en nombre del interés general, sino que se enfocó en favorecer a investigados por delitos graves vinculados a corrupción.
Asimismo, fundamentó su decisión en el control difuso y de convencionalidad, al señalar que no puede aplicarse una ley que busca la impunidad de personas investigadas por crímenes organizados.
Pese a que la Ley fue modificada la tarde de ayer por el Pleno del Congreso de la República, tuvo una corta vigencia en la que debió ser respetada en todos sus sentidos, lo que no hizo el juez Richard Concepción para el caso “Los Waykis en la Sombra”.
“TIENE FUERZA
NORMATIVA”
Pese a su breve pero concreta existencia, la Ley 32108 tuvo “fuerza normativa”. Así lo aclaró el abogado Humberto Abanto Verástegui explicó a UNO cuáles fueron las irregularidades en las que incurrió Concepción Carhuancho, quien quiso
pasar por encima de la ley, lo que representa prevaricato.
El letrado señaló, en primer lugar, que el magistrado ha violado el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en una resolución que no es de fondo sino el inicio del control de uso. “Lo que supone una actuación prevaricadora.
Una actuación prevaricadora porque está yendo contra el texto expreso y claro de la Ley Orgánica del Poder Judicial”, apuntó. En segundo lugar, agre-
ga Abanto, Concepción Carhuancho, la Constitución Política del Perú no ordena a un congresista de la República tipificar el acto de promover las actividades de una organización criminal como delito, otro de los argumentos que, erróneamente, esboza el magistrado.
“Ahí a decir que el legislador que tiene libertad de configuración normativa ha violado la Constitución porque no incluye un verbo rector, es una exageración”, explicó el hombre de leyes.
“Cuando (Concepción) habla del control de con-vencionalidad, es importante subrayar que solo
es una práctica regional establecida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. No es una
práctica universal. No está reconocida en todos los sistemas de control”, agregó.
Ante la ausencia de la interpretación del órgano de supervisión, sostiene Abanto, resulta entonces que el juez Concepción Carhuancho es el intérprete de clausura de la Convención de Palermo, “lo que es absurdo”. “Un juez nacional no puede ser intérprete de clausura de un instrumento internacional”, indicó el letrado.
Humberto Abanto sostuvo que la persona afecta- da por la decisión del juez Concepción Carhuancho
debería proceder a formular la denuncia correcta contra dicho magistrado, por prevaricato.
Congreso modifica Ley del Crimen Organizado
El Pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría, en primera vota- ción, la modificación de la normativa relacionada con la Ley de Crimen Organiza- do, rechazando las demandas de los transportistas que solicitaban su derogación,
argumentando que favorece a las organizaciones criminales. Con 81 votos a favor, 23 en contra y 8 abstenciones, el Parlamento decidió exonerar la segunda votación del texto sustitutorio de los proyectos de ley 9055, 9100 y otros, que buscan reformar la Ley 32108, que modifica la Ley de Crimen Organizado.
Al respecto, el Dr. Humberto Abanto consideró que esta norma puede ser peligrosa, pues podría llevar a que regresemos a la situación en la que otra vez Pedro Pablo Kuczynski, su secretario y su chofer, sean una organización criminal.
“Es un peligroso retroceso de parte del Congreso que, en mi opinión, beneficia principalmente a la minería ilegal. Una actividad económica ilegal que el señor presidente del Congreso sabe perfectamente que está asolando la localidad que
él representa”, opinó.
