En un esfuerzo por modernizar y adaptar el sistema judicial peruano a las necesidades actuales, la Asociación de Oficiales Generales de la Policía Nacional del Perú (ADOGEN PNP) ha instado al Congreso de la República a aprobar las reformas al Código Procesal Penal que fortalecerán la capacidad investigativa de la policía. Estas reformas, que están en su segunda votación decisiva, permitirían a la PNP operar con una autonomía funcional significativa en la etapa de investigación preliminar de los delitos, sin la intervención inmediata de la fiscalía.
El teniente General Julio Coa Mariño, presidente de ADOGEN PNP, enfatizó la importancia de que la policía actúe dentro de la autonomía funcional que le otorga la Constitución para prevenir, investigar y combatir eficazmente la delincuencia en el Perú. “Es fundamental para la sociedad que la policía tenga la capacidad de proporcionar una respuesta rápida y efectiva ante delitos flagrantes, lo cual facilitará una justicia más ágil y reducirá la burocracia inicial en casos de urgencia,” señaló Coa Mariño.
La propuesta legislativa también aborda el debate sobre la preparación y competencias de los fiscales frente a los policías. Según el Dr. Jorge Ibáñez, asesor jurídico de ADOGEN PNP, es crucial que la evaluación de las evidencias recopiladas por la policía sea justa y equitativa, evitando liberaciones prematuras de detenidos por decisiones fiscales no alineadas con los hechos policiales. Ibáñez también cuestiona la constitucionalidad del nuevo código, alegando que incluye disposiciones que vulneran las funciones establecidas en la Constitución para la PNP.
La segunda votación en el Parlamento es vista como una oportunidad crucial para resaltar la importancia de la autonomía policial para una justicia más eficaz en el Perú.
ADOGEN PNP INSTA AL CONGRESO AUTONOMÍA FUNCIONAL PNP
El Congreso de la República se encuentra ante la decisiva segunda votación de las reformas al Código Procesal Penal, enfocadas en una mejora sustancial: fortalecer la capacidad investigativa de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Estas modificaciones son esenciales para que la PNP en uso de la autonomía funcional que le otorga la Constitución Política del Perú (Art. 166), cumpla de manera efectiva con la función que determina que la policía «Previene, investiga y combate la delincuencia».
El Ministerio Público, pretende invadir y asumir funciones policiales, al amparo del Nuevo Código Procesal Penal, en donde se ha creado e impuesto una fase «no jurisdiccional» denominada «investigación preparatoria», que a su vez ha sido dividida en 2 subetapas: la etapa de investigación preliminar y la etapa de investigación preparatoria propiamente dicha.
En la etapa de investigación preliminar, se está incluyendo el espacio en donde actúa la Policía en su lucha contra la delincuencia, obligando a los funcionarios policiales a dar cuenta al Fiscal de sus intervenciones y supeditando su accionar a la participación del representante del Ministerio Público, lo cual no se da con la diligencia y oportunidad que esta lucha contra la delincuencia exige. Esta iniciativa busca no solo incrementar la eficiencia del sistema de justicia, sino también adecuarlo a las actuales exigencias de seguridad y legalidad.
La propuesta legislativa permitirá a la PNP realizar la investigación preliminar de manera independiente, sin la intervención inmediata de la fiscalía, es únicamente restituir a la institución policial, la autonomía funcional que la Constitución le considera para combatir eficazmente la delincuencia en el Perú.
Esta medida es crucial para posibilitar una respuesta policial rápida y efectiva ante delitos flagrantes, esto facilitará una justicia más ágil, reduciendo la burocracia inicial en casos de urgencia.
En este sentido, el teniente General PNP Julio Coa Mariño, presidente de la Asociación de Oficiales Generales de la PNP (ADOGEN PNP), ha destacado la necesidad de una actuación más armónica entre la labor de la policía y la fiscalía, con líneas claras de autonomía. «Es fundamental que la PNP actúe dentro de la autonomía funcional que le otorga la Constitución, para prevenir, investigar y combatir la delincuencia, lo cual proporcionará un cambio positivo para la sociedad, al procurarse una justicia más rápida y efectiva», señaló.
El representante de la ADOGEN PNP sostiene también que la reforma aborda el debate sobre la preparación y competencias de los fiscales y de los policías. Mientras que los fiscales cuentan con una sólida formación en derecho, carecen de entrenamiento específico en técnicas y procedimientos de investigación criminal, un área en la que la PNP posee amplia experiencia y preparación. Otra medida significativa que propone, es que, en el sistema de justicia actual, la Policía remita los atestados policiales al Juez de Investigación Preparatoria, (en el sistema de justicia anterior se hacía al Juez de Instrucción), para evitar que el Fiscal esté liberando a los presuntos delincuentes que interviene el policía, observando que esta acción es una atribución jurisdiccional que actualmente se está arrogando el Ministerio Público.
Por otro lado, el doctor en derecho Jorge Ibáñez, asesor jurídico de ADOGEN PNP, plantea que esta medida garantizaría una evaluación más justa y equitativa de las evidencias recopiladas por la policía, evitando en lo posible, la liberación prematura de detenidos por decisiones fiscales no alineadas con los hechos policiales. El abogado, sostiene que el contenido del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) es anticonstitucional, ya que incluye disposiciones que vulneran la Constitución.
Además de reiterar que la Constitución, en su Artículo 159, otorga al Ministerio Público la atribución de «conducir desde su inicio la investigación del delito», mientras que el Artículo 166 asigna a la PNP la responsabilidad de prevenir, investigar y combatir la delincuencia. Es importante destacar que existe una notoria diferencia entre el «delito», que forma parte del proceso judicial, y la «delincuencia», que abarca los actos delictivos que la policía investiga en todo el mundo”, refiere el letrado.
En este contexto -menciona de igual forma-, que el Fiscal no tiene ninguna injerencia. Además, que la Constitución otorga autonomía funcional a la policía, el Artículo 166 no establece que la PNP deba demandar la participación del Fiscal para cumplir con su función.
Cuando la Constitución establece que la Policía Nacional debe cumplir con los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función, esto aplica únicamente cuando se ha tipificado el delito. “Los mandatos a los que se refiere la Constitución son los requerimientos que la policía atenderá a través de sus unidades especializadas. El Ministerio Público no puede pretender dirigir el trabajo policial”, puntualiza el asesor de la ADOGEN PNP.
Por consiguiente, la segunda votación en el Parlamento se percibe como una oportunidad crucial para modernizar y adaptar el sistema judicial peruano a las necesidades actuales, resaltando la importancia de la autonomía policial para una justicia más eficaz.
