Presidenta Dina Boluarte niega haber ordenado desactivar la DIVIAC

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SU DEFENSA DICE que mandataria no interviene en temas administrativos y se encuentra colaborando con las investigaciones

Lo niega todo. El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, negó que la mandataria haya pedido desactivar la División de Delitos de Alta Complejidad (Diviac). Muy por el contrario, responsabilizó al exministro del Interior, Walter Ortiz, de tomar tal decisión.
Fue a su salida de Palacio de Gobierno, que la defensa legal de la mandataria conversó con los medios de comunicación en torno a la investigación en etapa inicial sobre los audios entre el actual titular del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez, y el capitán de la PNP, Junior Izquierdo, conocido con el alias ‘Culebra’.
“La presidenta cuando se le inicia la investigación inmediatamente fuimos a declarar, respondimos cerca de 50 preguntas y se determinó que fue el exministro Walter Ortiz quien definió”, respondió.
TEMAS
ADMINISTRATIVOS
Agregó también que, así como en su momento un ministro activó la Diviac, en esta ocasión el exministro Ortiz fue el encargado de desactivarla a través de la resolución ministerial, la cual su defendida no puede intervenir en trámites administrativos.
Según informó el portal de Exitosa, Juan Carlos Portugal también criticó el contenido y autenticidad de la grabación entre ambas personas, ‘Culebra’ y Santiváñez, porque no fueron transcritos en su integridad por falta del procedimiento entre la escucha y transcripción. Incluso se animó a decir que frente a este escena- rio habría cinco hipótesis y una de estas sería que el propio ministro del Interior haya tomado el nombre de la presidenta sin su consentimiento.
A pesar de ello, aseguró que aún se espera que continúen las indagaciones, la cual es “embrionaria”, por ende, no planifica algún cambio en el Mininter.

DATO: ASEGURÓ QUE DINA BOLUARTE viene
colaborando con la justicia y que incluso respondió las consultas de la procuradora, a pesar que la representante de la Procuraduría no está permitida por el estatuto procesal penal.

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