Siete cayeron en Operación Valkiria, entre ellos Miguel Girao (ex asesor de Patricia Benavides) y José Palomino Quesada, ex gerente de Logística del MP
Según informe, están depositados en celdas sin ventilación y no reciben ni un pan ni un vaso de agua de sus captores. Viven gracias a sus familiares
Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo destapa las inhumanas condiciones, que lindan con la tortura, en que se encuentran 33 detenidos en las carceleras de la Diviac, abandonados a su suerte y sin que tampoco el Poder Judicial se pronuncie por sus casos pese a que ya superaron largamente el periodo de prisión preventiva.
Entre esos 33 detenidos se encuentran siete que fueron privados de su libertad durante el promocionado operativo Valkiria I, dirigido por la fiscal Marita Barreto y el jefe de la Diviac, coronel Harvey Colchado, y que les permitió lograr la destitución de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Esos siete son dos empresarios, un policía, un abogado y tres funcionarios del Ministerio Público.
El informe de la Defensora del Pueblo se sustenta en una visita de inspección que hicieron a las dos carceletas donde son depositados los detenidos por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), que opera junto con el Equipo de Fiscales contra la corrupción el Poder (Eficop), la cual es dirigida por la fiscal Marita Barreto.
ABANDONADOS
Según revela ese informe, publicado hace unos días, todos los detenidos por la Diviac, 30 hombres y 3 mujeres, están depositados en celdas sin ventilación y no reciben ni un pan ni un vaso de agua de sus captores. Todos los alimentos y bebidas le deben ser proporcionados por sus familiares.
Si no les dan ni que comer, tampoco se preocupan de su limpieza, por eso los detenidos deben llevar o deben llevarles papel higiénico, toallas y jabones para su limpieza, la cual solo pueden realizar en un lavatorio compartido. No se pueden duchar porque no hay duchas.
Igualmente, ante el crudo invierno, los detenidos deben llevar sus propias frazadas y abrigos. No hay tampoco un protocolo de atención a los detenidos y, el día de la inspección, los funcionarios de la Diviac encontraron a un detenido con señales de sufrir un derrame cerebral porque no hablaba y tenía la boca torcida.
NO HAY PLATA
Al ser interrogados de por qué no se les daba la mínima atención a sus detenidos, los agentes de la Diviac informaron que no tenían un presupuesto para ese fin, pese a que cada año esta división policial recibe entre 9 y 8 millones de soles para sus gastos.
Lo peor, sin embargo, es el estado de total abandono en que se encuentran estos detenidos, pues el Poder Judicial tampoco se pronuncia sobre la situación legal de cada uno, sin duda porque el Ministerio Público tampoco tiene pruebas concluyentes para enviarlos a prisión preventiva definida.
VALKIRIA
Ese es el caso de los siete detenidos durante el opera- tivo Valkiria, entre los que figuran Miguel Girao (ex asesor de Patricia Benavides) y José Palomino Quesada, ex gerente de Logística del Ministerio Público, acusados por la fiscal Barreto de recibir coimas para favorecer con licitaciones a dos empresas. Igualmente están detenidos por este caso, el abogado José Castillo Alva y los empresarios Giancarlo Valer y Jorge Rodríguez Menacho. Todos han superado largamente el periodo de 15 días de prisión preliminar y están presos des- de el 23 de abril, es decir, más de 80 días.
Los testimonios de todos ellos fueron las pruebas que se necesitaban para la destitución de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
DATO:La fiscal Barreto y los fiscales de la Eficop tampoco ahora parecen interesados en definir la situación legal de estos detenidos, lo cual también viene a ser un abuso contra sus derechos humanos, así como de todos los detenidos que se encuentran en el limbo jurídico por la lentitud y lenidad del Poder Judicial.
