PJ confirma levantamiento del secreto de las comunicaciones de dos teléfonos de Alan García

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La medida es parte de la investigación por presuntos actos de corrupción durante su mandato

El Poder Judicial (PJ) ha ratificado el levantamiento del secreto de las comunicaciones de dos teléfonos incautados al fallecido expresidente Alan García. La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó la resolución emitida por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria en marzo de 2024, que autorizó esta medida.

Esta decisión se enmarca en las investigaciones contra el exsecretario presidencial Luis Nava Guibert y otros, por presuntos delitos de colusión agravada y otros delitos en agravio del Estado.

La resolución, identificada como Resolución N° 13, fue apelada por la defensa de los familiares de García, pero el recurso fue declarado infundado. La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional mantuvo la decisión inicial, permitiendo que la Fiscalía acceda a las comunicaciones de los celulares incautados, con el objetivo de esclarecer posibles actos de corrupción vinculados a empresas brasileñas y peruanas durante el gobierno de García.

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El levantamiento del secreto de las comunicaciones de Alan García fue solicitado por primera vez en abril de 2021 por el fiscal provincial del Equipo Especial de la Fiscalía. Aunque inicialmente fue rechazado por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, la apelación del Ministerio Público llevó a una revocación de esta decisión, autorizando la intervención.

Tras varios trámites y apelaciones, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria finalmente declaró fundada la medida en marzo de 2024.

La sospecha de que Alan García podría haber estado involucrado en actos de corrupción, como el cobro de comisiones ilegales para la adjudicación de obras significativas, fue el fundamento principal para esta medida.

Aunque García falleció, las investigaciones sobre su presunta participación y la de sus coimputados continúan, con el objetivo de desentrañar la estructura y operación de la supuesta organización criminal. La sala consideró que la medida era proporcional, necesaria y legítima, en el contexto de las indagaciones en curso.

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