Hasta que se resuelvan las acusaciones judiciales en su contra
El Congreso de la República ha ratificado su decisión de rechazar la solicitud de pensión vitalicia presentada por el expresidente Pedro Castillo. Esta resolución, tomada en segunda instancia, sostiene que Castillo no puede recibir la pensión hasta que se emita una sentencia judicial que lo declare inocente de los delitos que se le imputan.
Hay que recordar que el pasado 26 de marzo, el expresidente solicitó al Parlamento el acceso a una pensión vitalicia por su tiempo como jefe de Estado. Sin embargo, el 11 de abril, el Departamento de Recursos Humanos del Congreso respondió que Castillo no tiene derecho a la pensión debido a una denuncia constitucional en su contra.
A pesar de esta negativa, Castillo apeló la decisión argumentando que fue «vacado de manera ilegal e inconstitucional» el 7 de diciembre de 2022, y que a partir del día siguiente ya había adquirido el derecho a la pensión vitalicia. Castillo alegó que negar este derecho resulta «arbitrario e ilegal» y que, al estar investigado, todavía goza de la presunción de inocencia, por lo que restringir sus derechos pensionarios es «desproporcional y arbitrario».
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Decisión Final
En su resolución de segunda instancia, la Dirección General de Administración del Congreso determinó que la denuncia constitucional contra Castillo es válida y que su derecho a percibir una pensión vitalicia queda suspendido. La resolución indica que este derecho solo podrá ser restablecido si una sentencia judicial lo declara inocente de los cargos que enfrenta.
En ese sentido, la decisión del Congreso de la República de mantener la suspensión del derecho a pensión vitalicia de Pedro Castillo subraya la gravedad de las acusaciones en su contra y el compromiso del Parlamento con el cumplimiento de la ley. Este caso continúa siendo observado de cerca por la opinión pública y los actores políticos, ya que tiene importantes repercusiones tanto para Castillo como para la percepción del sistema judicial y político en el país.
La controversia sobre el derecho a la pensión de Castillo refleja las tensiones políticas y legales en torno a su salida de la presidencia y las acusaciones que enfrenta. La suspensión de su pensión vitalicia hasta la resolución judicial definitiva mantiene la incertidumbre sobre su futuro económico y legal.
