Lo acusan de liderar organización criminal ‘Los Waykis en la Sombra’ y designar autoridades en diversas regiones
No se lo esperaba. Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció luego de que el Poder Judicial dispusiera el allanamiento y detención preliminar por 10 días en su contra. A la salida de su domicilio, sostuvo que no pertenece a ninguna organización criminal.
Miembros de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) y miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron distintas intervenciones a fin de recoger mayor información respecto al caso que involucra al hermano mayor de la mandataria Dina Boluarte. A su salida, el familiar de la mandataria fue trasladado a la prefectura de Lima con una gorra, una mascarilla, para pasar desapercibido por los medios de prensa. Sin embargo, fue abordado inmediatamente por los periodistas y descartó que «tenga una organización criminal».
‘Los Waykis en la Sombra’
Según la hipótesis fiscal, Nicanor Boluarte tuvo como objetivo designar de manera irregular a los subprefectos de las regiones de San Martín y Cajamarca para que estos recolecten firmas y así poder inscribir el partido político Ciudadanos por el Perú, así como que también se encarguen de la financiación del referido movimiento político.
La resolución emitida por el Poder Judicial, a través del magistrado Richard Concepción Carhuancho, indica que Nicanor Boluarte lideraría la presunta organización criminal denominada Los Waykis en la sombra. Asimismo, el referido juez dispuso el levantamiento del secreto de las comunicaciones del hermano de la mandataria y del abogado Mario Castañeda, quien también ha sido vinculada a la mencionada pesquisa.
Entre los argumentos del juez Richard Concepción Carhuancho para disponer la detención preliminar por el plazo de 10 días y el allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte, se encuentran las presuntas acciones ilícitas en la designación de subprefectos en la región de San Martín para la recolección de firmas con la finalidad de lograr la inscripción del partido político Ciudadanos Por el Perú.
Estos hechos se habrían producido cuando la presidenta Dina Boluarte asumió el cargo del Poder Ejecutivo en diciembre de 2022. El hermano mayor de la jefa de Estado se habría aprovechado del cargo de su familiar para empezar a ejecutar acciones ilícitas, y comenzó por copar la Dirección General del Gobierno del Interior del Ministerio del Interior y la Dirección de Autoridades Políticas de dicho ministerio.
Iniciando la materialización del plan criminal de instrumentalización del aparato estatal a través del copamiento de las subprefecturas en favorecimiento de la red delictiva, plan criminal que hasta la fecha se continúa ejecutando, por consiguiente, la red delictiva se encuentra activa. Es más, estas designaciones, de haberse dado en la región San Martín, también habrían acontecido en las regiones de Ucayali y Loreto, con la participación de Zenovia Griselda Herrera Vásquez, sin ser funcionaria pública, es persona de confianza de Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra», se lee en la resolución.
Nombraba prefectos
De acuerdo con la investigación del Poder Judicial, Nicanor Boluarte habría solicitado S/10.000 a cambio de nombrar prefectos. La Fiscalía investiga un amplio esquema de presunta corrupción en el partido Ciudadanos por el Perú.
Edwin Ugarte, en representación de Ciudadanos por el Perú, supuestamente, gestionaba inscripciones partidarias a cambio de dinero, según el Ministerio Público. En ese sentido, Nicanor Boluarte estaría vinculado directamente y habría exigido pagos para asignar cargos de prefectos, un papel por el cual el Poder Judicial ha emitido una orden de detención por 10 días contra Boluarte Zegarra.
La resolución judicial detalla que el cobro de S/10.000 garantizaba la designación como prefecto de Lima. Con ello se devela el modus operandi de un esquema que facilitaba el acceso a cargos estatales importantes mediante pagos indebidos. Este método de operación ha llevado a múltiples investigaciones y ha puesto a figuras políticas importantes bajo el escrutinio público, señala el diario La República.
